Es confuso que el pasado 23 de Marzo no se dieran las condiciones para la firma del acuerdo definitivo después de tres años de negociaciones con la guerrilla de las FARC. Estando ad portas del anuncio una nueva fecha límite es conveniente analizar de qué manera financiará el posconflicto y cuál es la forma más eficaz y fiscalmente sostenible para hacerlo. ¿Será a caso a partir de ingresos provenientes de la cooperación internacional, créditos, del bolsillo de los colombianos, o quizá una mezcla de todas?

La posición del gobierno es clara y sabe a lo que se atiene. Mauricio Cárdenas, actual Ministro de Hacienda y Crédito Público, entiende el posconflicto como una inversión que se pagará una parte sola, priorizándose en el Presupuesto General de la Nación, con la búsqueda de cooperación internacional y el acompañamiento de organismos multilaterales de crédito, siempre primando la sostenibilidad fiscal del país. Empero todo se reduce a la inversión, en la que el gobierno ha concentrado fuerzas en la atención a las víctimas y el desarrollo rural con alrededor del 1% del PIB.

Las ayudas de cooperación internacional no se consiguen de la noche a la mañana, puesto que el lobby es imprescindible. Para la muestra un botón: en 2014 el presidente Juan Manuel Santos realizó una gira por varios países europeos en busca de apoyo político, de atraer la inversión de empresarios europeos, quitar el visado, y claro, de recursos en la creación de un fondo del que logró un crédito de Alemania por 75 millones de euros anuales hasta el 2016 ligado a la agenda. Justamente, para esas fechas el gobierno emitió bonos buscando 1.500 millones de dólares para financiar sus operaciones, recibiendo ofertas de 4 mil millones en una tasa inferior de 5,75% a 30 años. A propósito de apoyos, convenios y cooperación, recientemente el Gobierno recibió de la Unión Europea el pago de aproximadamente 8 millones y medio de euros para programas de apoyo al sector lácteo y desarrollo rural con enfoque territorial –DRET; siendo ejemplo contundente de que se debe apuntar al desarrollo agrario integral como eje fundamental para la consolidación de la paz, esclarecido como primer punto del Acuerdo General para la terminación del conflicto.

Si bien las ayudas representan un punto a favor, no son suficientes para suplir todo el gasto real del posconflicto. Rudolf Hommes, economista y ex -Ministro de Hacienda en el gobierno de César Gaviria (1990-1994), es más realista en sus especulaciones al afirmar que lo más difícil y lo más importante de resolver en el proceso de integración de las regiones marginadas por la violencia es la restricción económica que, en sus palabras, “va a requerir un manejo económico posiblemente menos ortodoxo, mayor gasto público, mayor deuda y mayores impuestos. Esto hará indispensable que se minimice la corrupción y el desperdicio de recursos públicos”. En este sentido, su visión argumenta que la solución transversal, basada en la reducción la desigualdad, la pobreza y la educación entre las regiones, se debe dar en un posible escenario con una política fiscal que involucre una reforma tributaria y un posible aumento al IVA.

Por su parte, Salomón Kalmanovitz, reconocido economista, investigador y analista, apuesta a que “uno de los dividendos de la paz es precisamente encausar gasto militar hacia fines civiles, aunque todo proceso es seguido por el surgimiento de grupos disidentes que no aceptan la negociación y también por un aumento de la criminalidad; por lo tanto, no se puede bajar de tajo el gasto en seguridad hasta superar estos factores de violencia, pero sí se debe comenzar a pensar y planificar una reducción del pie de fuerza y del gasto en armamento, algo que no aparece en el radar del Gobierno”; en otras palabras, aunque su columna fue escrita a finales de 2013 no es ajena a la situación actual del país: los grupos neoparamilitares, principal reto al que se enfrenta el Estado después de la eventual firma de paz con las FARC y el posible acuerdo con el ELN.

En este sentido, de Kalmanovitz se infiere que el gasto militar no puede eliminarse de manera tajante en tanto existan actores que generen focos de violencia. Si bien es necesaria la reasignación de estos recursos otros sectores en aras de generar una mayor productividad y bienestar social, la reparación integral de las víctimas se constituye como uno de los principales puntos –quinto en el Acuerdo General- a los cuales el Gobierno de Santos les ha apostado con cifras que rondan los 7,9 billones de pesos hasta el 2015.

Desde el Gobierno se promueve la idea de que al alcanzar la tan anhelada paz, se atraería en efecto el aumento en el crecimiento económico y una mayor inversión extranjera en el país, aspecto que se evidencia en las afirmaciones del presidente sobre inversores chinos que esperan la firma de la paz en Colombia para traer su capital potenciando el sector turístico. Esta visión es respaldada por el informe ¿Qué ganará Colombia con la paz? del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Recursos de Análisis del Conflicto (CERAC) publicado en 2014, que concluye que una mayor aceleración del crecimiento económico es posible entre mayor sea la reducción de la violencia asociada al conflicto. Con el fin del conflicto, Colombia se beneficiaría principalmente en cinco puntos: El aceleramiento del crecimiento, que hará posible la expansión y consolidación de la economía nacional; el mejoramiento de la distribución de la propiedad de la tierra, que propenderá por la disminución de la brecha entre zonas urbanas y rurales; un mejor y más incluyente sistema financiero; la reparación a víctimas del conflicto armado y disminución en la victimización; y, la reducción paulatina de los costos asociados al conflicto armado y a la defensa.

Por su parte,  desde la academia se destaca la publicación de la Universidad de los Andes “Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia”, cuyos principales resultados sobre los dividendos de la paz radican en que con conflicto, el PIB departamental con conflicto tarda en duplicarse 18,5 años; sin conflicto, este se duplicaría en 8,5 años; lo que significa que Colombia ganaría una década de crecimiento económico, reflejándose en una inmensa fuente de progreso. Los investigadores concluyen que “el conflicto afecta la producción económica con la salida de firmas manufactureras del mercado, la caída en la inversión y la producción agrícola y el aumento del riesgo-país que reduce la inversión extranjera”.

Si la solución al financiamiento del posconflicto está parte en ayudas internacionales, en endeudarnos y en los impuestos que pagaremos los colombianos, quedan varias dudas: ¿cuando se firme la paz volveremos a tener una economía que crezca al 6% como en 2011 gracias a la coyuntura internacional? ¿Lograremos fortalecer las industrias manufactureras, y la producción agrícola teniendo una economía orientada hacia la locomotora energética altamente influenciada por la volatilidad de los precios internacionales del petróleo? ¿Es realmente viable en el caso colombiano un desarrollo similar al alcanzado por Alemania en su unificación con el fin del conflicto? Que no se nos vaya el tiempo en suposiciones sino en verdaderos cambios estructurales.

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Estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, Colombia. Becaria del Banco Santander en la UCLM 2016-1. Soy hija del Caribe. Lo mío es la música, la radio y la investigación.
Liz Andrea Zarco

Liz Andrea Zarco

Estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, Colombia. Becaria del Banco Santander en la UCLM 2016-1. Soy hija del Caribe. Lo mío es la música, la radio y la investigación.

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