Foto: MinAmbiente

La ratificación de Colombia en el Acuerdo de Paris el pasado 23 de Abril abre el debate sobre la viabilidad de los compromisos adquiridos y obliga a realizar una mirada crítica al contexto en que llegó al país: una crisis energética, la alta dependencia a las fuentes hidroeléctricas de energía, el fenómeno del Niño, la falta de planeación y la privatización de Isagén.

 Colombia se enfrenta quizá a uno de los periodos más importantes de su historia reciente. Si bien la comunidad internacional está a la expectativa del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, el país enfrenta su propio viacrucis a nivel energético. Debido al desabastecimiento producido tanto por el fenómeno del Niño desde mediados del 2015, que de acuerdo al Ideam se esperó su fin a finales de mayo, como por el incendio en la central hidroeléctrica de Guatapé, Antioquia y  la incertidumbre de racionamientos. El gobierno tomó la medida de abastecerse de energía del vecino Ecuador y promover el ahorro voluntario de energía a través de la campaña “Apagar Paga”.

No es baladí mencionar otros hechos generadores de desconfianza que si bien no son causantes directos de la crisis, se relacionan entre sí: la especulación generalizada sobre posibles apagones similares a los años 90 en el gobierno Gaviria; y por qué no, la dudosa y polémica venta de Isagén, principal generadora y comercializadora de energía del país, a la filial canadiense  Brookfield Asset Managment.

Compromisos

Para países como Colombia, vulnerables por su condición geográfica, el cambio climático es un problema que cada vez está haciendo presencia en las agendas de los gobernantes. Sin embargo, en un país donde la cultura del reciclaje es escasa, intentar reducir los niveles de contaminación, los gases de efecto invernadero (GEI), la deforestación de la Amazonía, y la contaminación de principales cuerpos de agua es todo un reto. Más aún cuando la legislación ambiental parece ir en contra de la protección de los ecosistemas al entregar licencias para explotación minera y petrolera en áreas de conservación a multinacionales, como hace unos años el caso del páramo de Santurbán, y la reciente controversia generada por la revocación de la licencia de perforación en la Serranía de la Macarena.

Para detener el aumento de la temperatura media por debajo de los 2ºC tal como lo propone el Acuerdo de París que entrará en vigor cuando 55 países que sumen el 55% de las emisiones globales, se deberán implementar en el país modos de transporte sostenibles, propender por el uso de energías renovables, manejar los rellenos sanitarios, entre otros, lo que supone un costo de adaptación grande: por un lado, implicaría un cambio en la cultura ciudadana y por otro la implementación de nuevas formas de producción energética.

Proyecciones

Al firmar el Acuerdo de Paris Colombia se comprometió a reducir un 20% de los GEI para 2030, costo que se expresaría en una inversión anual de cerca de 3,1 billones de pesos equivalente al 0,4% del PIB del 2015, aumentando así el 0,15% de crecimiento anual de este indicador para el 2040. El marco legal que promueve el desarrollo de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) en el país entró en vigor en 2015, contempla la posibilidad de entregar excedentes energéticos y manejar un esquema de créditos para sistemas de autogeneración de pequeña escala, la creación de un fondo para financiarlas con recursos públicos y privados (Fenoge), y la disposición de incentivos fiscales, teniendo en cuenta que el país consume aproximadamente un 78% de energía proveniente de fuentes fósiles, mientras que el 22% restante proviene de fuentes renovables y cuenta con yacimientos de gas y petróleo aún no explotados.

Si bien la ley representa un avance significativo, a Colombia aún le queda mucho camino por recorrer para equipararse con Uruguay, líder en de las FNCER en Latinoamérica; Brasil, en la energía de la biomasa; y países como Perú, Panamá, Chile, México, con capacidades eólicas instaladas.

Ser un país biodiverso, con altos niveles de irradiación solar y la ausencia de estaciones es una característica a favor para  la implementación las renovables. Por ejemplo, zonas geográficas, los departamentos de Santander, Norte de Santander, zonas de Risaralda y Tolima, el Valle del Cauca, el Huila y Boyacá y especialmente La Guajira, en la costa norte son lugares estratégicos con recursos aprovechables para el desarrollo de la energía eólica; y la zona volcánica del Nevado del Ruiz para proyectos geotérmicos, solucionarían el problema energético de las zonas no interconectadas (ZNI) al sistema nacional a largo plazo– que en Colombia ascienden a casi un millón y medio de personas sin acceso a la electricidad- reducirían la dependencia energética de la costa Caribe al centro del país y diversificarían la canasta energética nacional para el autoabastecimiento.

Sin embargo, la piedra en el zapato de las renovables  en el caso de la Guajira y en otros sitios de gran abundancia de recursos naturales, es que se encuentran en zona de reserva natural o propiedad indígena o afrocolombiana lo que conlleva a la consulta previa con las comunidades. En el caso de la biomasa, se limitaría al sector azucarero por reunir las condiciones propicias.  A esto se le suma la necesaria construcción de vías de acceso, líneas de conexión y otras obras de infraestructura; la falta de normatividad técnica y de estándares para la selección de equipos, así como la falta esquemas financieros orientados a la inversión en este tipo de tecnologías y las subvenciones erróneas a las energías convencionales.

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Estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, Colombia. Becaria del Banco Santander en la UCLM 2016-1. Soy hija del Caribe. Lo mío es la música, la radio y la investigación.
Liz Andrea Zarco

Liz Andrea Zarco

Estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, Colombia. Becaria del Banco Santander en la UCLM 2016-1. Soy hija del Caribe. Lo mío es la música, la radio y la investigación.

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