rente al control informativo ejercido por el franquismo, se postuló que el mercado sería la mejor garantía para la libertad de información. Pasamos del modelo totalitario al liberal sin reconocer las estaciones intermedias que se habían desarrollado en Europa.

Los medios de comunicación españoles no han dejado de anatemizar cualquier regulación oficial, posiblemente estigmatizados por aquellos tiempos del franquismo donde el Estado lo regulaba todo. Por eso, el tránsito hacia la democracia de los medios fue, antes que nada, un camino hacia el mercado como único regulador. Es decir, frente al control informativo ejercido por el Estado durante cerca de cuarenta años, se postuló que la pluralidad del mercado sería la mejor garantía para la libertad de información. De esta forma pasamos del modelo totalitario al liberal sin reconocer las estaciones intermedias que se habían desarrollado en Europa. En ningún momento, los gobernantes de la UCD, el PSOE o el PP se plantearon seguir las experiencias exitosas de distintos países, con Inglaterra a la cabeza, que habían delegado el control de los medios públicos en organismos ajenos al poder político. El caso paradigmático durante mucho tiempo ha sido el funcionamiento de la BBC, gestionada por un Consejo de Administración (BBC Board) y tutelada por un Consejo Asesor (BBC Trust), responsables básicamente de garantizar la independencia y el cumplimiento de sus fines públicos. En Francia, hasta la reforma de Sarkozy en 2010, el Consejo de la Autoridad Audiovisual decidía el organigrama y la línea editorial de los medios públicos. De igual manera, todos los medios públicos alemanes están sujetos a las directrices de los Consejos Audiovisuales.

Aquí, nuestros medios públicos, tanto los heredados del franquismo (TVE, RNE, EFE…) como los creados con la democracia (los autonómicas y locales), tuvieron una dependencia absoluta de la mayoría parlamentaria de turno, vale decir, del partido gobernante del momento. Desde la convicción de que la propaganda era la mejor vía para seguir ganando elecciones, todos los gobiernos desoyeron las reclamaciones de seguir el ejemplo europeo y dejar en manos de personas ajenas al poder la gestión y orientación editorial. La excepción, como es sabido, será la etapa de Zapatero, que delegó en un equipo de “sabios” la realización de un plan de viabilidad y dotó de amplia autonomía a los trabajadores para diseñar sus criterios informativos. Una excepción que fue toda una lección que no deberíamos olvidar, pues durante ese periodo de gestión profesional RTVE alcanzó las mayores cotas de reconocimiento de toda su historia. Desde luego, nada que ver con la televisión manipulada y desacreditada de la era Rajoy. Una lección que, a distinto nivel, también tiene lecturas similares en el ámbito de las autonómicas ya que las menos intervenidas políticamente como la catalana o la vasca, son las que más credibilidad ofrece a sus seguidores-contribuyentes a pesar del déficit tan elevado que generan. Mientras que Tele Madrid o RTVV, con igual o más déficit, apenas gozan de un seguimiento del 5% por la exagerada manipulación de sus informativos.

UCD, PSOE o PP no se plantearon seguir experiencias exitosas como la de Inglaterra, que delegó el control de medios públicos en organismos ajenos al poder político. La única excepción fue la etapa de Zapatero.

Este modelo de televisión pública imperante en España ha sufrido un primer estallido tras el reciente anuncio de cierre de la radio televisión autonómica valenciana. Hundida económicamente, desacreditada informativamente y utilizada para fines partidistas antes que para los públicos que originó su creación, su cierre puede ser un avance de lo que les aguarda al resto de televisiones públicas que han seguido su misma trayectoria. Lo demuestra de forma indirecta la balear, ya que el PP ha iniciado los trámites para su clausura. Y no será de extrañar que la siguiente autonómica en anunciar el fundido a negro sea la madrileña a tenor de lo declarado por el heredero de Esperanza Aguirre. De esta forma, los sistemas públicos de comunicación parecen hundirse sin remisión. La crisis económica, el neoliberalismo atroz de los conservadores que barrieron en las elecciones de todo tipo del año 2011 y el descrédito del modelo ante unos ciudadanos que apenas sintonizan su canal autonómico, ha devenido un cóctel de efectos demoledores. El modo lo consigna la llamada Ley de Tercer Canal que abrió en 2011 la puerta al cierre de las televisiones autonómicas.

La pregunta es, ¿alcanzará este hundimiento a Radio Televisión de Castilla la Mancha? Y la respuesta, a tenor de los indicadores existentes o de las declaraciones de Cospedal por activa o en diferido, no ofrece la menor duda: el camino es el mismo. “La nuestra”, tal y como se la bautizó hace ahora 12 años, ha ido de la manipulación al descrédito, cayendo sus niveles de audiencia por debajo del 5 por ciento; ha ido del déficit y el aumento de gasto -por ejemplo por la suculenta retribución a su director general, nombrado a dedo por la presidenta-, al cierre de su segundo canal o al anuncio reciente de la “externalización” de la producción de sus contenidos en coherencia con lo manifestado en su discurso de investidura por Cospedal. El periodista Raúl Conde, en un reciente artículo sobre este dilema que planteamos, aseguraba también que “Todas las señales que destila actualmente la tele castellano-manchega se parecen a las que han llevado a Canal 9 a la tumba: manipulación descarada, devaluación de la programación propia, desplome de la audiencia, descarte de profesionales válidos por estar vinculados a etapas anteriores, contratación de periodistas afines, creación de redacciones paralelas, laminación de los comités de empresa y sobredosis de tertulias de opinión para mantener la tensión ideológica”.

Pero Canal 9 también está ofreciendo otra experiencia importante y cuyos efectos no se sabe hasta donde alcanzarán. Se trata de la movilización de sus trabajadores, bajo la coordinación del Comité de Empresa, que ha conseguido un amplio respaldo de la sociedad valenciana de todos los colores a favor de la continuidad del medio. Para algunos, esta defensa acérrima de sus puestos de trabajo llega tarde. Para otros, el que los profesionales asuman su responsabilidad y capacidad para gestionar y dirigir un medio público, es la premisa necesaria para mantener su existencia. En cualquier caso, esta es otra lección que los trabajadores de Castilla la Mancha Tv no pueden perder de vista. En este sentido, que el Comité de Empresa critique la burda manipulación del medio es positivo, pero insuficiente. O se da un paso mucho más atrevido en la línea de exigir una instancia independiente de gestión del medio, o el resultado será muy nimio. Hace falta reiterar todos los días, en todos los ámbitos, que una televisión pública como “la nuestra” es inviable sin un Consejo de Redacción que, regido por un estatuto profesional, aporte garantías al cumplimiento de los principios de neutralidad, objetividad y pluralismo informativo.

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Antonio Laguna

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