En los datos publicados por el INE hasta agosto de 2017, se han registrado en España un total de 37.486 trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo, de los cuales sólo 510 trabajadores pertenecen a la comunidad de Castilla-La Mancha.

Me despidieron. Sí. Me despidieron habiendo una plaza vacante en mi centro docente, nos cuenta Araceli Gutiérrez -en adelante Mari- mientras hablo con ella por teléfono. Nada tenía sentido, por qué la despedían si existía una plaza libre en su centro. Estaban esperando a alguien nuevo. Durante diecisiete años, Mari estuvo encerrada entre las cuatro paredes del IES La Besana situado en Corral de Almaguer (Toledo). Diecisiete años trabajando ininterrumpidamente para la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

“En el año 2000 la Junta de comunidades asumió las competencias del Ministerio de Educación y Cultura”
Un día, de pronto, deciden prescindir de ella, asignando a otra persona su lugar. El 12 de junio de 2012 fue el día que ejecutaron la orden de despido. Todo esto porque según la nueva ley 6/2012  de la Junta aprobada por Cospedal, cada persona que cogiera plaza en las últimas oposiciones -que fueron una consolidación de empleo- sería colocado en algún puesto. Pero Mari aprobó. En 2010 se presentó al examen, y consiguió ser la número seis en la bolsa de empleo. En las listas provisionales se le reconoció su puntuación del examen añadiendo puntos por los años trabajados para la Junta de Comunidades. Pero más tarde, la Junta decidió no computarle la que era su puntuación en las listas definitivas. Aquí comenzó su calvario. Cinco años de lucha continua contra la Junta. Y todo esto para que se le reconociera sus años trabajado. Su abogada presentó un recurso de alzada. La Junta respondió con un reconocimiento de los años que llevaba trabajados, pero añadía que no habían sido para la Junta. Se olvidaron de mencionar que en el año 2000 la Junta de comunidades asumió las competencias del Ministerio de Educación y Cultura. Transfirieron un documento donde explicaba que a todos los efectos formaban parte del personal laboral de la Junta. Al no reconocer sus años trabajados, fue entonces cuando Mari presentó la demanda. Además, la Junta intentaba alargar el proceso excusándose en que las bases del concurso habían sido impugnadas, pasando a un segundo plano la demanda. No se podía celebrar el juicio hasta que no solucionara ese problema. Finalmente salió la sentencia.

Mari leyendo parte de la sentencia / Foto: Silvia Torrejón

Ésta daba la razón a Mari. Afirmaba que “tenía doble documentación, que había estado trabajando desde el año 95 ininterrumpidamente en el centro IES La Besana e incluso cuando fui a pedir a la Junta mi hoja de servicios también ponía que llevaba trabajando para la Junta desde el año 95”. Esta documentación fue lo que la ayudó a ganar el juicio el 9 de julio de 2014. El día 2 de septiembre le comunicaron la victoria. El 30 de enero de 2015 le dieron la sentencia firme, pero no fue hasta el 24 de agosto cuando le comunicaron su nuevo destino: la biblioteca de Castilla La Mancha de Toledo. Desde ese momento, a Mari se le reconoció la antigüedad. A partir de ahí, firmó un contrato que fechaba desde el día en que la echaron del centro donde estaba trabajando: 12 junio de 2012. El juez sentenció que, si Mari tenía derecho a la plaza, se la tenían que devolver, y abonarle todo lo que le habían descontado tanto económica como administrativamente. El 1 de septiembre de 2015 comenzó su nuevo puesto, desarrollando el trabajo con el que empezó el 25 de septiembre de 1995, primero como empleada del Ministerio de Educación y Ciencia, y después, a partir de julio de 2000, cuando se producen las transferencias de Educación a la Junta, como personal laboral de la Conserjería de Educación.

Despidos por ERE

El procedimiento para llevar a cabo el despido colectivo se regula en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1483/2012 del 29 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Es lo que se conoce como “el reglamento de los ERE”. En España, entre enero y agosto de este año las estadísticas del INE registraron 37.486 trabajadores afectados. De esa cifra, 18.59 (48,7%) empleados han sido por suspensión de contrato, 14.819 (39,5%) por despidos colectivos y 4.408 (11,8%) por reducción de jornada. El mayor número de afectados lo engloba el sector de los hombres con un 67,8% frente al 32,2% de las mujeres. La industria manufacturera es el sector donde se produce el mayor número de afectados con 14.884 trabajadores. Esta cifra se sitúa a una gran distancia del resto de sectores en donde el número de trabajadores afectados no supera los 4.000 empleados. Las variaciones respecto al mismo periodo del año anterior indican que los trabajadores afectados descendieron en términos relativos en un -37,7%, los afectados por despidos colectivos lo hicieron en un -18.3%, los de suspensión de contrato en un -49,4% y los de reducción de jornada en un -25,8%. Por sexo, los varones disminuyeron en términos relativos en un -42,0% y las mujeres, en un -26,1%.

“En Castilla-La Mancha la cifra aumentó en un mes 50 trabajadores afectados”
En Castilla-La Mancha se han registrado un total de 510 trabajadores afectados en el período de enero a agosto. Son 251 los afectados por despidos colectivos, 199 por suspensión de contratos y 60 por reducción de jornada. Las variaciones que Castilla-La Mancha presenta con respecto al mismo periodo del año anterior indican que los trabajadores afectados descendieron en términos relativos en un -28,2%; los afectados por despidos colectivos lo hicieron en un -43,5, los de suspensión de contrato en un 9,9% y los de reducción de jornada en un 13.2%.

Aunque los ERE son una herramienta que las empresas parecen no utilizar a menudo para reducir el número de empleados, vemos que las cifras de trabajadores afectados siguen aumentando. Esta cifra en Castilla-La Mancha aumentó en un mes -de julio a agosto- 50 trabajadores afectados. Y aún queda por descubrir la cifra total que sumaran los cuatro meses restantes del año que quedan. El caso de Mari no es un hecho aislado. En septiembre de este año, se conocía la noticia de que cuatro trabajadoras despedidas de forma ilícita en Castilla-La Mancha durante el gobierno de Cospedal recuperaban su trabajo. Dos de ellas ya tiene reestablecidos los derechos que les fueron negados ilegalmente, mientras que las otras dos siguen pendientes de que se les adjudique destino. Pero, ¿qué tipo de desgaste sufren estos trabajadores? Angela Novillo, abogada de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, explica que por experiencia personal sabe que el desgaste moral que esto conlleva no lo indemnizan los tribunales. “Sólo te dan la razón y te reconocen que aprobaste, y como fecha de nombramiento, la que tuvieron el resto de aprobados en su día”. Añade que, “si el empleado no ha trabajado desde entonces, tiene derecho a los salarios dejados de percibir. Pero en el caso de que sí hubiera trabajado en el Sector Público, le descontarán lo que haya ganado en esos años”.

“El desgaste moral que esto conlleva no lo indemnizan los tribunales”
Un caso especial es la empresa privada. Aquí, “depende de la suerte que tengas, hay Tribunales que lo descuentan y otros no”. Aunque en la Administración Pública se hable de ERES, Angela expresa su disconformidad, pues no son realmente tales sino más bien “una ejecución de Planes de Empleo, o en el caso de Cospedal, un cese masivo de interinos por circunstancias sobrevenidas que están previstas en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha en el artículo 9: “Cese del personal funcionario interino”. ¿Cuál es la explicación de que la Administración diera largas a la demanda presentada por Mari? Angela expone que muchas veces la Administración se empecina en ir en una dirección, incluso aunque no tengan razón. Nos aclara que hasta la última reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no se condenaba, salvo casos muy excepcionales, a la Administración en primera instancia. Por lo tanto, se arrastra una inercia de contestar, en un principio, que no a cualquier recurso, porque a la Administración en primera instancia le salía “gratis”. En todo caso, en el momento en que hubiera que pagar algún tipo de costas, se excusan en que “se paga con pólvora del rey”. Y mientras tanto, cabe la posibilidad de que el demandante recurrente deje de litigar porque se canse o aburra por el camino, o en el peor de los casos “le entre pánico por el posible pago de costas si perdiese”.  Esta es la justicia que hay hoy en día: esperar a que el demandante se canse o tema seguir recurriendo para dar por ganada la demanda. Mari nunca se dio por vencida. Esto le sirvió para que el día 1 de septiembre de 2015 comenzara su nueva vida. Lejos de las salas de juicio. Y con un nuevo puesto de trabajo en la Junta, de la que nunca debió salir.

The following two tabs change content below.

Silvia Torrejon

Estudiante de Periodismo en UCLM (Cuenca). Seriéfila y amante de la lectura. Prácticas en OndaViva Radio (Sonseca).
Silvia Torrejon

Silvia Torrejon

Estudiante de Periodismo en UCLM (Cuenca). Seriéfila y amante de la lectura. Prácticas en OndaViva Radio (Sonseca).

Leave a Response