Fotografía de portada publicada en Flickr el 20 de junio de 2011 por Images_of_Money.

Las participaciones preferentes siempre han sido un instrumento financiero perpetuo de alto riesgo. Comercializadas por los bancos españoles a finales de los 90 como un híbrido entre acciones y bonos, prometían dinero fácil. Su venta estaba diseñada para clientes con grandes sumas de capital. La realidad, sin embargo, fue muy distinta. Miles de pequeños ahorradores fueron estafados. En el mercado internacional, los inversores exigían a las entidades financieras un rendimiento del 15% en sus preferentes, mientras que en España se compraban con un interés de entre el 7 y el 8%. Los clientes no dudaron en adquirir dichas participaciones pues suponían un beneficio mayor que el de las cuentas de ahorro.

Toda la farsa comenzó tras la caída de Lehman Brothers en 2008, que generó una crisis a nivel mundial. Ante el nuevo panorama económico, países como Bélgica o Reino Unido decidieron rescatar algunos de sus bancos a través de la nacionalización. Por su parte, el Gobierno español se negó a salvar a las entidades bancarías perjudicadas. Estas, en busca de liquidez para contrarrestar los efectos de la recesión financiera y las prácticas tan arriesgadas de las inmobiliarias nacionales, ofrecieron a sus clientes la compra de preferentes haciendo creer que eran productos de rentabilidad garantizada. Así, millones de euros fueron a parar a manos de la banca y aproximadamente en 2013 se desplomó el sistema sostenido por las preferentes.

El por aquel entonces Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, propuso a modo de solución un proceso de arbitraje. A pesar de que en un primer momento fue pensado para los casos con más pérdidas económicas y en los que las circunstancias personales no permitieron al cliente entender que compraba, se acabó ejecutando en casos donde las cuantías no superaban los 10.000 euros. Para el resto de afectados que no pudieron solicitar el procedimiento por la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada solo quedaba la vía judicial.

Cuatro años después, el Banco Santander ha comunicado la emisión de preferentes con un interés del 6,75% el primer lustro, que se transformarán en acciones ordinarias si el banco reduce su capital al 5,125%. Ahora su comercialización está prohibida a inversores minoristas, por lo que solo podrán venderse a profesionales e instituciones. Si se cumple la normativa europea vigente y la Ley del Mercado de Valores aprobada en 1988, el dinero de los pequeños ahorradores estará a salvo.

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