Una de las actividades más habituales que realizan las personas en la actualidad, se basa en su interactividad en el entorno digital, entendida como la expresión y manifestación de opiniones, así como la búsqueda y difusión de información sobre diferentes temáticas.

De esta manera, Internet se ha vuelto en uno de los espacios más usados para que los ciudadanos ejerzan el derecho a la libertad de expresión y lo utilicen como portavoz de sus pensamientos e ideales. El derecho a comunicar ya no solo reside en unos pocos, sino que está al alcance de cualquiera que tenga algo que decir y acceso a Internet.

El espacio virtual debería ser una zona abierta, global, libre y sin censura que promueva la diversidad de opiniones. En definitiva, un punto de encuentro entre diferentes culturas, un espacio en el que se comparta y se difunda, eso sí, empleada de manera eficiente y alejándose de las prácticas poco éticas.

Uno de los objetivos principales del siglo XXI es incrementar el número y la diversidad de voces que puedan participar en el debate público para conseguir un mayor pluralismo social, que es al mismo tiempo condición y finalidad esencial del proceso democrático de una sociedad.

En este sentido, las garantías para que el libre ejercicio de expresar a través de Internet se efectúe son en la actualidad es a su vez, una condición para que se produzca la apertura de la esfera pública. Es obligación del Estado proteger las condiciones que posee Internet para promover y mantener el pluralismo informativo. Esto implica que se debe realizar un trabajo de comprobación para que no se introduzcan en Internet cambios que tengan como consecuencia la reducción de voces y contenidos (censuras).

Las políticas públicas sobre pluralismo y libertad de expresión en el entorno digital deben proteger la naturaleza multidireccional de Internet y fomentar las plataformas que permitan la divulgación libre de informaciones e ideas de toda índole.

 

Países “enemigos de Internet”

La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, dedicada a defender la libertad de prensa en el mundo y, en concreto a los periodistas, dedica en su reportaje anual a señalar cuáles son los países que más atentan contra la libertad de expresión en Internet.

La lista acumula ochos países, apodados como “enemigos de Internet”. En este informe se incluye a Estados Unidos, por sus políticas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). También está presente Reino Unido, que ostenta el título no oficial de “campeón mundial de la vigilancia” y la India, donde el gobierno tiene un acceso ilimitado y en tiempo real a la mayor parte de la comunicación electrónica de Internet.

Asimismo,  China, es el país en el que más de setenta proveedores de información y muchos periodistas están encarcelados por comentarios y opiniones en la red. También su vecino Corea del Norte, donde solo un 10% de la población tiene un acceso (por su puesto, restringido) a Internet. El país de Putin, Rusia, con su programa de vigilancia SORM también es considerado uno de los “enemigos”.

Siria, que controla completamente la actividad de los proveedores de Internet e Irán, que vigila y controla toda actividad digital de la red y castiga a los que propasan los límites de su autoritarismo, tanto con encarcelamientos, como con castigos físicos e incluso la muerte.

La libertad de expresión es un instrumento fundamental para no solo periodistas, sino para cualquier ciudadano. Por ello es constituido como derecho fundamental y definido por la Declaración de Derechos Fundamentales como “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Pese a ello, muchos gobiernos autoritarios de países como Egipto o Turquía han demostrado cómo se saltan las normas en beneficio del gobierno, así como las actividades de espionaje masivo de la NSA a través de las tecnologías poniendo en peligro los derechos individuales de cada uno.

La principal plataforma de expresión son las redes sociales, altamente “castigadas” con la censura, donde el principal perjudicado es el periodismo junto con todas las demás libertades, tales como la de información y la de prensa. No se puede avanzar en una sociedad en la que no se quiere oír la opinión del pueblo.

Uno de los casos actuales que más repercusión social tuvo fue el del rapero español Pablo Hásel, que compareció el pasado 1 de febrero acusado de alabar a grupos terroristas e insultar a la Corona y la Policía en Twitter. Hásel, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla, hace frente a dos años y medio de cárcel por poner un mensaje en redes sociales y expresar así sus ideales tanto políticos como personales.

 

¿Quién vela por la libertad de expresión en España?

En España, existen organismos que defienden y velan por el cumplimiento de este derecho, como es la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). Este soporte surge por la preocupación de un grupo de organizaciones y personas del ámbito jurídico, del periodismo y de los movimientos sociales ante las amenazas a los derechos de libertad de información y de expresión en España.

Reformas legales que penalizan el derecho de protesta y la difusión de información, como el Proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, o que impiden el normal funcionamiento de Internet, como la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual; normas que obstaculizan el acceso a la justicia, como la de tasas judiciales; o que neutralizan el derecho a la información pública, como ocurre con la mal llamada Ley de Transparencia; o prácticas que, desde el poder político, buscan el control de los medios, como la contratación de publicidad institucional como elemento discrecional para garantizar la supervivencia de medios afines frente a los que no lo son,  ponen de manifiesto lo precario de estos derechos esenciales.

Al mismo tiempo, en un contexto de crisis económica y política en el que surgen nuevas formas de protesta apoyadas en gran medida en la libertad de información que, en particular, permite Internet, desde el poder se reacciona con contundencia para frenar su desarrollo, a través de iniciativas que llegan a vulnerar derechos fundamentales.

Para impulsar acciones que contribuyan a detener esta peligrosa tendencia, surge la PDLI, integrada por organizaciones de juristas y abogados, como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM); de periodistas, como la Federación de Sindicatos de Periodistas; por medios como eldiario.es, 20minutos, la agencia DisoPress, o la revista Mongolia; asociaciones de consumidores como la OCU y CEACCU; profesores de universidad y grupos de investigación como Manuel Sánchez de Diego (Universidad Complutense de Madrid), Manuel Maroto (Universidad de Castilla – La Mancha) o el grupo sobre redes, movimientos y  tecnopolítica de la UOC; y periodistas, cineastas y abogados como Mario Tascón, Virginia Pérez Alonso, Juan Luis Sánchez, Stéphane M. Grueso o Carlos Sánchez Almeida.

Entre las actividades que la PDLI realiza destaca el seguimiento y difusión de los ataques a la libertad de expresión, tanto contra periodistas y medios, como contra activistas, movimientos sociales o ciudadanos.

La PDLI también promueve campañas para reaccionar a proyectos de ley restrictivos de las libertades de expresión e información, y pondrá en marcha acciones de formación, dirigidas tanto a periodistas como a activistas y movimientos sociales, para un ejercicio “seguro” de ambos derechos.

Una de las formas más importantes de mejora del mundo y de defensa de los derechos de todos es la información. Cuando las personas conocen cuáles son sus derechos y cómo estos se están vulnerando es cuando empiezan a luchar por ellos. Por eso es tan importante el periodismo.

Y por eso es indispensable la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones e informaciones. E igualmente también es esa la razón por la que cuando una elite económica o política ve su poder amenazado, lo primero que hace es intentar cargarse las vías que permiten ejercer dicha libertad fundamental.

En 2009, como consecuencia de la “primavera árabe”, el gobierno iraní cerró el acceso a las dos redes sociales más usadas de la población para organizarse, comunicarse y mover la información entre diferentes grupos: Facebook y Twitter. En aquel momento la población, como reacción ante esta injusticia social, se reorganizó en torno a una nueva red: Telegram. En un país de casi 80 millones de habitantes, la mitad tiene Telegram, a la que le acompaña una red social para compartir fotos que cada vez adquiere más popularidad entre los jóvenes, Instagram.

Desde hace un tiempo, concretamente desde que la población es más consciente de los derechos que les están negando, Irán está volviendo a ver sus calles inundadas de gente que protesta y lucha por lo que le pertenece. La consecuencias son terribles, pues la represión está siendo tremenda, con decenas de muertos y cientos de personas detenidas casi a diario.

En enero de 2018, el gobierno cerró Instragram y un canal de Telegram, pero como explica perfectamente la responsable de Article 19 en Irán en una entrevista publicada por Vice, los iraníes ya están buscando otras vías alternativas de comunicación y las están encontrando (por suerte). Este es uno de los cientos de ejemplos de poblaciones que se resisten a perder esos derechos que la red ha facilitado y que por ningún motivo, deben ser restringidos.

La limitación de la libertad de expresión se hace de muchas formas, pero las hay más torpes que otras. Sin ir más lejos, el pasado 28 de diciembre la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) presentó su informe anual para nuestro país 2017, el año de los delitos de opinión.

Los datos presentados en el informe fueron impactantes y en este sentido, la presidenta de esta plataforma, conformada por profesionales de múltiples ámbitos como del derecho y del periodismo, declararon su preocupación a través de dicha plataforma.

 

Del odio a la tragedia solo hay un medio

Aunque se trata de un derecho fundamental para la sociedad, es necesario que se emplee de manera responsable y eficiente, pues si cualquiera puede decir u opinar lo que quiera a través de cualquier plataforma o medio, podría repetirse lo ocurrido en el Genocidio de Ruanda, en el que a través de un medio de comunicación público como la radio, se promovió directamente el asesinato de la tribu Tutsi en la localidad de Bugeseram, al sur de Ruanda.

Dicha emisora emitió un comunicado, supuestamente elaborado y dirigido por un grupo que promovía los derechos humanos alertando de que otra tribu, los Hutu, serían atacados por los Tutsi. Los funcionarios locales emplearon este anuncio para convencer a los Hutu de que necesitaban protegerse y para ello, la mejor opción sería atacando primero. Tras esta noticia y bajo las órdenes de un soldado de una base militar cercana, comenzó la masacre.

Así, civiles de la tribu Hutu junto a otros grupos de diferentes tribus que se sumaron por la alerta difundida a través de medios y el propio “boca a boca”, asesinaron a cientos de tutsis dando lugar a una de las mayores tragedias vividas en la zona y a la extinción de la tribu.

Aunque esta masacre fue un hecho extremo e imposible de suceder en la actualidad (así lo quiero pensar), fue realmente escalofriante la realidad de los hechos, fomentados por un medio de comunicación oficial que se mal utilizó para difundir el odio. La libertad de expresión no puede justificar en ningún caso el discurso del odio ni el fomento de actividades que vulneren otros derechos humanos y mucho menos la muerte de otra persona.

La libertad de expresión debe ser un punto de unión entre iguales, que invite a la reflexión y al debate cuando se requiera y que de ningún modo sea un motivo de vigilancia que deba perseguirse y vigilarse.

 

La doble cara del periodista

El papel del periodista adopta en ocasiones una doble función. En primer lugar, la de “perro guardián”, en la que se espera que el periodista “vigile” a los que tienen el poder en el gobierno o en la sociedad, es decir, políticos y grandes empresarios, con el objetivo de denunciar acciones poco transparentes o poco éticas, sin importar las consecuencias o represalias que puedan tener (que por otra parte, no deberían existir).

En segundo lugar, no todos los periodistas ejercen una labor rigurosa de vigilantes, sino todo lo contrario, adoptan la función de “perro faldero” en la que solo informan de las “buenas” acciones, destacando únicamente los logros y éxitos de los mandatarios y dedicando gran parte del espacio del medio que se trate, introduciendo en sus artículos los eslóganes de las campañas.

Para que los periodistas puedan cumplir con su función de “cuarto poder”, entre control y equilibrio, debe haber una libertad de expresión y de prensa plena. Esto significa que se debería permitir publicar informes sin ningún tipo de interferencia, es decir, sin implicación política o financiera y sin miedo a represalias o persecuciones.

El periodismo como cuarto poder de una sociedad debería regir la agenda setting de un país y no al contrario, es decir, no debería suceder que los temas que los más poderosos manejan fueran los que dirijan y conformen los contenidos de los medios de comunicación.

Pero, ¿qué errores se cometen en el ámbito del periodismo una vez que se ejerce la libre difusión de información sin ejercer un uso responsable? Aquí es donde surgen las fake news, un producto pseudoperiodístico que es difundido y producido a través de diferentes plataformas como las redes sociales principalmente, cuyo objetivo es la desinformación o el engaño al público.

Las fake news tienen consecuencias negativas para el periodismo, pues la difusión de noticias falsas que tienen el objetivo de influir en la conformación de la opinión pública, son una amenaza para la credibilidad de los medios y periodistas profesionales, dañando y devaluando así su marca personal.

Sin embargo, las fake news no son un producto reciente, sino que han estado presentes a lo largo de la historia, desde la propaganda nazi, que utilizó falsos datos para atraer y persuadir a la sociedad, hasta en la campaña que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

El público reacciona ante las fake news con una actitud de incertidumbre y rechazo a la mayoría de informaciones, poniendo en duda la veracidad de los medios a los que siguen y generando desconfianza hacia el sector del periodismo, que actualmente se encuentra en un período de decadencia por este tipo de fenómeno.

Además, las redes sociales son empleadas como una herramienta de difusión de este tipo de producto pseudoperiodístico, pues un rumor se convierte en un hecho viral en cuestión de segundos.

Un ejemplo de ello se da cuando el rumor de la muerte de un personaje público comienza como una broma y acaba convirtiéndose en una noticia viral en la red. Esto fue lo que ocurrió con J.K. Rowling, la autora de la saga de libros Harry Potter, que también sufrió el efecto de las fake news a través de la red social Twitter.

Minutos después de que la noticia se hiciese mundialmente famosa, se descubrió que el encargado de difundir dicha noticia era un ciudadano italiano que quiso reflejar la credulidad que le daba la sociedad a las redes sociales y la facilidad de estas plataformas para “colar” noticias falsas.

La información debe ser accesible para poder ser verificada y contrastada con el objetivo de producir información de calidad para el público. Para que esto ocurra, es necesario corregir el sistema, es decir, una posibilidad sería que los legisladores promulgasen leyes que no limiten, sino que fomenten esta libertad, de tal forma que las informaciones que llegan a la luz no estén condicionadas por ningún tipo de acuerdo o restricción por parte de los afectados contra los periodistas.

En definitiva, el derecho a la libertad de expresión está cambiando aunque no a pasos agigantados, lo hace paulatinamente. Y este cambio se debe, en gran parte, por lo que ocurre en Internet y en las redes. La reacción del derecho a estos fenómenos es un punto crucial del encuentro entre Estado democrático y libertades con el nuevo paradigma tecnológico de la comunicación hacia el que nos movemos.

Maria Galdon

Maria Galdon

Estudiante de Periodismo en la UCLM.

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