El 10 de octubre es una fecha señalada en el calendario, es el Día Mundial de la Salud Mental, una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental con el objetivo de visibilizar un problema que todavía hoy hace mella en nuestra sociedad, dada la ignorancia de la mayoría de la población. Y aunque profesionales de la Fundación Familia de Albacete como Rocío Cabezuelo afirman: “Se ha progresado mucho desde la reforma psiquiátrica que se hizo a finales del siglo XX, pero todavía queda un largo camino por recorrer”, pues la trabajadora social continuaba: “El problema está en que algunos políticos creen que modificando leyes se arregla la situación, pero no ven que es necesario crear estructuras que estén destinadas específicamente a las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental, para mejorar su tratamiento y asistencia”.

Y aunque parece un tema lejano y de poca audiencia, este año, con el objetivo de concienciar a la población y dar a conocer este problema, Confederación Salud Mental España organizó una votación online popular en la que participaron según afirman en su portal virtual, cerca de 1.600 personas que escogieron el lema de 2018 para conmemorar este día: “Educación inclusiva, salud mental positiva”. Desde esta organización reclaman que el significado del lema reivindique “una educación que apueste por los valores, que trabaje la diversidad y la inclusión y que tenga en cuenta los retos de una sociedad que cambia a una velocidad de vértigo, para que se consiga una salud mental más positiva de las futuras generaciones”.

Este año, el lema propuesto por la Federación Mundial para la Salud Mental a nivel global ha sido “jóvenes y salud mental en un mundo cambiante”. El espíritu de esta organización cautivó la Universidad Complutense de Madrid que acogió como cada 10 de octubre desde hace cinco años, numerosas actividades y talleres, además de colaborar en su difusión del mensaje a través de vídeos y carteles en todas sus ediciones.

Fuente: Salud Mental. Lema 2017

Sin embargo, aún hay gente que no comprende en qué consiste la salud mental, la educadora Miriam Morcillo, la define como “un estado entre la propia persona y su entorno, llegando a alcanzar un bienestar propio y de calidad de vida, es un trabajo diario de uno mismo para conseguir una estabilidad plena, independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor, es decir, un ejercicio individual en el que cada uno pone en marcha las capacidades que tiene”. Es importante comprender que es algo que no afecta a ningún colectivo en especial, no atiende a situación económica ni tampoco a condiciones de sexo, cultura o raza. “No creo que haya un perfil exclusivo sobre una persona que tiene una enfermedad mental, puesto que cada uno somos de una manera diferente y cada enfermedad presenta características propias en cada individuo acentuadas o no, pero lo que sí es notable es que el consumo de tóxicos temprano o hereditario afecta notablemente a este hecho”, afirma Rocío Cabezuelo.

La salud mental es algo que nos afecta a todos de forma directa o indirecta, aunque no somos realmente conscientes de ello hasta que nos toca de cerca, es decir, cuando se trata de un familiar. Los pacientes necesitan el apoyo de sus familias en todo el proceso, ya que el objetivo de toda esta iniciativa es, según afirma Rocío: “Incluir a las familias en los talleres o actividades es para que de alguna manera ellos también sean partícipes de la evolución de sus familiares con enfermedad mental, se afiancen los lazos personales y de esta forma se favorezca el proceso”. En esta situación, tanto familiares como pacientes pueden crear vínculos que antes no tenían, siendo esto un aspecto muy positivo en su evolución e integración, pues en muchos casos la enfermedad mental lleva a una separación familiar producida por una modificación en el comportamiento de la persona enferma o también por el desconocimiento de las familias hacia este hecho, dando lugar a un desvinculamiento entre ambos. “Es por ello que la integración, siempre que sea positiva y favorable para el enfermo puede ser de gran ayuda” afirma Rocío.

Fuente: Salud Mental. Lema 2018

En los últimos años las fundaciones tutelares encargadas de velar por los intereses y seguridad del incapacitado mental se han convertido en un instrumento muy eficiente debido a los imperativos legales que como tutores tienen asignados judicialmente. Las obligaciones que deben cumplir representan la atención inmediata que van sobre las necesidades básicas para toda persona hasta su patrimonio.

Pero, ¿por qué un juez determina la incapacitación de una persona? Miriam Morcillo, educadora social de Fundación Familia, afirma que “por lo general, a una persona se le puede incapacitar por tener una enfermedad grave, tener una discapacidad intelectual o presentar un deterioro cognitivo grave”. Además, Miriam explica que se distinguen dos tipos de incapacitación: “La primera es la incapacidad total o tutela, que se ordena cuando una persona necesita ayuda para realizar todas sus actividades, tanto personales como profesionales si las tuviera. En este caso no es que la persona incapacitada pierda derechos, sino que los puede ejercer, pero con apoyo de otra persona. La segunda es la incapacidad parcial o curatela, que es cuando el juez determina que una persona necesita ayuda en ciertos aspectos de su vida. Es el juez quien determina específicamente en qué aspectos o actividades”.

Sin embargo, la incapacitación mental de una persona no es para siempre, pues en un determinado momento el juez puede revisar el proceso. Para ello, el paciente deberá someterse a un estudio por un médico especializado que le determinará si la persona ha mejorado o no. En caso de que ya no necesitara contar con el apoyo de su tutor, el juez podría rehabilitar a este individuo.

Según un estudio realizado por Fundación Familiar y completando algunos datos con el estudio de Salud Mental y Salud Pública en España: Vigilancia epidemiológica  y datos reflejados en el INE, desde 2010 hasta 2017 se ha producido un incremento de detección e incapacitación por enfermedad mental en España, alcanzando en 2014 el 75% de la población, con un grado de discapacidad comprendido entre el 66% y el 75%, siendo el sexo masculino el predominante en este colectivo y en una franja de edad de 50 a 60 años. Además, la enfermedad más diagnosticada era la esquizofrenia paranoide y otras no especificadas. La comunidad autónoma que mayor porcentaje presentaba en diagnóstico de incapacitación mental según el estudio era Galicia con un 15,5%; por encima de la media española que se sitúa en el 10,7% que a su vez superaba al de Castilla – La Mancha que presentaba un 8,2%.

Fuente: Encuesta de Salud en España.

Incapacidad legal y tutela

Desde la aprobación y posterior entrada en vigor de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por nuestro Estado Español el 3 de diciembre de 2007, los contenidos de la incapacidad legal también ha supuesto un punto de inflexión, pues hay que plantear los procedimientos jurídicos concernientes a la salud mental de forma individualizada en cada caso, respetando ante todo la dignidad e integridad de esta persona.

Según recoge el Código Civil de nuestro país, la incapacidad legal y la tutela son dos instituciones cuya regulación legal se encuentran amparadas bajo el marco normativo del mismo. Son dos conceptos inseparables y se contemplan como medidas de protección jurídica de una persona que sufre cualquier tipo de deficiencia física o psíquica que impide su independencia. Es a través de un juez únicamente quien, a su vez, mediante una sentencia judicial perfectamente fundamentada, garantiza unos requisitos procesales y sustantivos limita esta facultad ya que en este caso el ordenamiento jurídico español impera el principio de presunción de la capacidad.

Para controlar este sistema de protección, el juez nombra a una tercera persona que podría ser física (un familiar o un tutor legal) o jurídica con el objetivo de sustituirla (en caso de que se trate de tutelar) o complementarla (normalmente para actos de disposición económica y patrimonial). Los límites y cobertura del tutor en cuestión son especificados por la sentencia emitida.

El artículo 242 del Código civil también apunta que podrían ser tutores las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos objetivos se encuentre la protección de menores e incapacitados, como es el caso de Fundación Familia y muchas otras más.

Maria Galdon

Maria Galdon

Estudiante de Periodismo en la UCLM.

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