A pesar de que el derecho internacional reconoce la esclavitud como una práctica que vulnera los derechos fundamentales y que inste a los Estados a perseguirla, lo cierto es que éste fenómeno sigue vigente en la actualidad en forma de explotación sexual y laboral, o en la utilización de seres humanos como si fueran propiedades que, aún hoy, se compran y se venden. En el día internacional por la abolición de la esclavitud ahondamos en éste fenómeno y tratamos de buscar los mecanismos que tienen que llevar a cabo los ciudadanos y sus Estados para acabar con ésta lacra

 

El 2 de diciembre es el día mundial por la abolición de la esclavitud, una fecha que conmemora que en 1949 la ONU aprobó el «Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena». Sin embargo, en pleno siglo XXI, la esclavitud aún no está abolida. Según los datos de Walk Free, en el mundo hay 29 millones de personas que viven bajo algún tipo de régimen de esclavitud, ya sea trabajo infantil, explotación sexual, trata de personas o explotación laboral, pudiendo entrar en el debate de la precarización laboral y la dependencia financiera de las personas como una de las nuevas formas de la esclavitud de éste siglo.

Atrapados en el precio
de una crisis eterna
Por tener esas cosas
que no nos interesan
Protestar débilmente,
reprimidos con fuerza

Así al menos lo denuncia Gatillazo, refiriéndose a cómo un sistema económico basado en la sociedad de consumo provoca que grandes empresas multinacionales decidan llevar sus centros de producción a países en los que los derechos de los trabajadores están menos protegidos que en Occidente, al menos hasta ahora. Esta denuncia cobra mayor fuerza cuando organizaciones como SETEM empiezan a señalar a empresas concretas por el mantenimiento de éste tipo de situaciones en las que los derechos de los trabajadores quedan tan mermados que bien podrían considerarse como esclavitud. Sin embargo, antes de ahondar en éstas posibles nuevas formas de la esclavitud en el siglo XXI, sería necesario detenerse a averiguar en qué consiste el concepto de esclavitud y cómo se formó.

Una historia que llega a nuestros días

La esclavitud es un fenómeno que existe desde hace muchos siglos atrás y que se ha manifestado en todas las grandes civilizaciones de todos los continentes. Desde la mano de obra esclava que construyó las pirámides de Egipto hasta la mano de obra esclava que trabajó en los campos de algodón en el sur de Estados Unidos, la esclavitud ha sido una práctica habitual por parte de Estados imperialistas que no dudaban en arrasar la dignidad humana si con ello obtenían de una forma más rápida el control, por la fuerza, de otros territorios, otros pueblos y sus recursos.

Antes de que la ONU aprobara en 1949 el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (resolución 317-IV) , de 2 de diciembre de 1949) y por el que se conmemora cada año el día internacional de la abolición de la esclavitud, tuvimos antecedentes en la historia de la abolición de la esclavitud, personalizadas en las figuras de William Wilberforce en Inglaterra, o Julio Vizcarrondo Coronado en España que lucharon contra las prácticas que llevaban a cabo ambos imperios en sus respectivas colonias. Lo explica el investigador y pastor evangélico José Moreno Berrocal en una entrevista que concedió a la televisión Mancha Centro sobre una investigación que dedicó a la figura de Wilberforce.

Ahora, si nos centramos en la historia del abolicionismo, aunque nuestro referente más reciente sea el 2 de diciembre de 1949 como hemos comentado antes, hubo otros intentos diplomáticos anteriores para acabar con estas practicas inhumanas. Tal y como afirman David Weissbordt y La Liga contra la esclavitud en un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado en 2002 «el primer instrumento internacional que condenó esta práctica fue la Declaración de 1815 relativa a la abolición universal de la trata de esclavos (la «Declaración de 1815»)».

Según éstos investigadores, «el movimiento abolicionista se inició con objeto de poner término a la trata de esclavos en el Atlántico y libertar a los esclavos en las colonias de países europeos y en los Estados Unidos de América» . Recuerdan que «existe un gran número de acuerdos multilaterales y bilaterales que datan de principios del siglo XIX y contienen disposiciones por las que se prohíben esas prácticas tanto en tiempo de guerra como de paz». Además, apuntan que «se ha estimado que entre 1815 y 1957 se aplicaron unos 300 acuerdos internacionales relativos a la abolición de la esclavitud» pero afirman que «ninguno de ellos ha sido totalmente efectivo».

¿Por qué es tan ardua la lucha contra la esclavitud?

Uno de los principales problemas que ha tenido la lucha contra la esclavitud es la laxitud de los Estados para aplicar medidas que acaben con ella de forma contundente. Esa falta de rigor contra ésta lacra contra los derechos humanos está causada también por las dificultades para establecer una definición internacional de esclavitud, ya que algunos Estados se sentían molestos cuando se proponía desde asambleas como la de la Sociedad de Naciones una definición del término debido a que implantar medidas contra la esclavitud contravenía los intereses económicos de aquellos Estados que basaban gran parte de su plan de desarrollo económico en la esclavitud.

Lo aseguran David Weissbordt y La Liga contra la esclavitud en ese informe antes citado: «Las definiciones han sido controvertidas por dos razones: en primer lugar, hay diferencias de opinión sobre qué prácticas deben considerarse esclavitud y, por consiguiente, eliminarse; en segundo lugar, las definiciones han solido llevar aparejadas obligaciones para los Estados de adoptar determinadas medidas correctivas». Ésta situación provocaba que «haya habido desacuerdo sobre las estrategias más apropiadas para eliminar cualquier forma de esclavitud».

Por ello, los investigadores del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos explican que «para que las Naciones Unidas o cualquier otro órgano internacional pueda desempeñar con eficacia un mandato relativo a la esclavitud, es necesario crear un consenso internacional sobre qué prácticas abarca el concepto de esclavitud». Además, advierten de que «si se interpreta el término de manera que incluya todas las injusticias sociales o violaciones de los derechos humanos que puedan cometerse, su acepción será tan amplia que perderá sentido» y esa «interpretación exagerada, a su vez, desdibujaría la labor de lucha contra el fenómeno de la esclavitud y reduciría su eficacia en la persecución del objetivo de eliminarlo». Y concluyen remarcando la necesidad de «examinar la definición de la esclavitud dada en los instrumentos internacionales a fin de determinar qué prácticas abarca el término» y acabar con ella.

Sin embargo, a pesar de los fracasos políticos y diplomáticos por los intereses de los esclavistas, sí se ha conseguido que el Derecho Internacional persiga esta práctica gracias a los esfuerzos de la Sociedad de Naciones y, posteriormente a la II Guerra Mundial, de la ONU. De hecho, Weissbordt y su equipo aseguran que «la Corte Internacional de Justicia ha determinado que la protección contra la esclavitud es uno de los dos ejemplos de «obligaciones erga omnes»» que constituyen las «obligaciones que tiene un Estado con la comunidad internacional en su conjunto» además de haber conseguido que «la práctica de la esclavitud haya sido reconocida universalmente como crimen de lesa humanidad, y el derecho a no ser sometido a esclavitud se considera tan fundamental «que todas las naciones están legitimadas para denunciar a los Estados infractores ante la Corte de Justicia»«. El problema está ahora en que los Estados se atrevan a denunciar a otros Estados u empresas multinacionales que practiquen la esclavitud en alguna de sus formas cuando las relaciones políticas dependen, en gran parte, de las dependencias económicas causadas por prácticas como la esclavitud.

¿Qué es exactamente la esclavitud?

La Sociedad de las Naciones fue el primer órgano a nivel internacional que trató de afrontar la dura tarea de definir la esclavitud, a pesar del juego de intereses con el que tenía que lidiar. En la convención publicada el 25 de septiembre de 1926 se define la esclavitud como «el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos»» (art. 1, párr. 1) y también se define la trata de esclavos como «todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderlo o cambiarlo; todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderlo o cambiarlo, y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos» (art. 1, párr. 2). Ésta convención también apunta «que el trabajo forzoso u obligatorio lleva consigo condiciones análogas a la esclavitud» y establece que «no podrá exigirse más que para fines de pública utilidad».

El siguiente gran texto internacional será la Convención que redactó la ONU en 1949 y que ya hemos citado al principio del reportaje. En ese texto se hace especial alusión a la prostitución como una de las formas de esclavitud, diferenciándose especialmente de otros textos en el énfasis que se hace en la denuncia de la explotación sexual que una persona ejerza sobre otra con el fin lucrarse de algún modo, aún teniendo -y ésto lo especifica especialmente la ONU en el artículo 1º de la Convención-, el consentimiento de la persona explotada.

 

¿Cómo se manifiesta la esclavitud en el siglo XXI?

Tal y como apuntarían David Weissbordt y José Moreno Berrocal, intentar introducir en el concepto de esclavitud todo tipo de violaciones de derechos podría reducir la eficacia de la abolición. Sin embargo, cada vez hay más voces que denuncian que las reformas que tienden a la precarización del mercado laboral están dejando a muchas personas sin capacidad de tomar sus propias decisiones debido a la dependencia económica que padecen, bien porque no tienen trabajo o porque, aunque lo tengan, el sueldo que perciben no es lo suficiente para cubrir las necesidades básicas, produciéndose, además, la situación de que haya personas con empleo que vivan bajo el umbral de la pobreza. En España, por ejemplo, un informe de la EAPN asegura que la tasa de pobreza de personas con trabajo supera el 12% desde 2010 y otro estudio, ésta vez de los investigadores de la Universidad de Alcalá, Jose María Arranz y Carlos García Serrano, corrobora la situación de pobreza en la que vive una parte de la población española a pesar de tener un empleo.

Sin embargo, la explotación laboral y la precarización de las condiciones del trabajo tienen un componente internacional acentuado por la globalización. Ahora ya no serían los Estados los esclavistas, sino ciertas multinacionales. Antes de abordar el debate de si debe considerarse la precarización una de las nuevas formas de esclavitud del siglo XXI, veamos la denuncia que lleva a cabo SETEM en la campaña «Ropa Limpia» y que viene a cuento de ésta noticia sobre la responsabilidad de empresas como El Corte Inglés o Inditex con sus trabajadores de Bangladesh.

 

 

¿La precarización puede convertirse en esclavitud?

12 horas al día, 6 días a la semana, 38 euros al mes

Sin entrar en el nivel de vida de los ciudadanos de Bangladesh, podría considerarse que cobrar 38 euros al mes por 72 horas de trabajo a la semana es abusivo para el trabajador, especialmente cuando se tiene como referencia una jornada de 48 horas a la semana y un sueldo que llegue, como mínimo, hasta los 1000 euros al mes, al menos antes de que estallara la crisis económica en Occidente.

SETEM es una organización que durante años se ha dedicado a denunciar los abusos que cometen en el mundo ciertas multinacionales, especialmente las españolas. Ya denunciaron en su campaña «Banca Limpia» los negocios sucios de bancos de origen español con la industria, privada, armamentísitca. En el ámbito de los abusos de las multinacionales a los derechos laborales, destacan la ya mencionada campaña «Ropa Limpia» y «Wind of change». Ésta última, que es la más reciente, se centra en las condiciones laborales que sufren trabajadores de destacadas empresas de electrónica que fabrican smartphones, tabletas y otros dispositivos. Según denuncian, varios trabajadores habrían sufrido intoxicaciones e incluso otros habrían llegado a morir al trabajar en malas condiciones higiénicas y de seguridad laboral, sufriendo, además, contratos abusivos por parte de éstas multinacionales como bajas de cinco días que obligaban a algunos trabajadores a abandonar el puesto de trabajo. Esta información se desarrolla de forma más detallada en el informe «Vientos de cambio: El poder de la compra pública para mejorar las condiciones laborales de la industria electrónica mundial» . Este informe fue redactado por DanWatch, una ONG de origen danés que colabora con SETEM en campañas para denunciar situaciones como la mencionada.

Hablamos con Alba Trepat, miembro de SETEM y organizadora de varias campañas como Ropa Limpia o «Wind of change» y le preguntamos si puede considerarse esclavitud los abusos laborales que denuncian. Nos responde que «en Electronics Watch, y en la Campaña Ropa Limpia, no hablamos nunca de esclavitud sino de condiciones laborales que se asemejan a la esclavitud o como mucho de «trabajo esclavo». La esclavitud, [según la OIT, se define como trabajo forzoso->http://ilo.org/global/topics/forced-labour/lang–es/index.htm. ]. Aquí denunciamos horas extras obligatorias y salarios de miseria, pero no trabajo forzoso. CLW, que yo sepa no ha encontrado casos de esto». Trepat nos aclara, por tanto, que no denuncian que exista esclavitud, sino trabajo esclavo, aunque, como hemos visto antes en la convención de la Sociedad de Naciones sobre la esclavitud «el trabajo forzoso u obligatorio lleva consigo condiciones análogas a la esclavitud». El debate radica ahora en el grado de obligatoriedad que sufren éstos trabajadores de la industria electróncia y si la dependencia de un sueldo mísero lleva a aceptar condiciones laborales cercanas al trabajo esclavo.

Indagando sobre esas condiciones laborales que conllevan el «trabajo esclavo», Alba Trepat nos explica que «en el sector de la manufactura electrónica los salarios que se pagan en los países del sureste asiático se ajustan al mínimo legal, las jornadas de trabajo son larguísimas, con turnos de hasta 12 horas seguidas o hasta seis o siete días en una semana en China, con jornadas de hasta 84 horas semanales». La miembro de SETEM hace hincapié en que «en muchos casos las horas extras son obligatorias o al menos los trabajadores y las trabajadoras no están en posición de rechazarlas. Nos dice que «inmigrantes y estudiantes tienen menos salario y menos derechos y se han encontrado casos de trabajo infantil (14 o 15 años). Además, -añade- la exposición a productos tóxicos, algunos de uso restringido en Europa, está relacionada con la aparición de cánceres, leucemias, abortos espontáneos, etc, ya que en muchos casos no se aplican medidas de seguridad suficientes».

Cerrar éste debate será difícil, sobre todo en los tiempos que corren. Por un lado, es cierto que no es comparable el trato que recibían los esclavos africanos en los barcos negreros españoles, británicos, franceses, holandeses, estado-unidenses… en los que se maltrataba físicamente y de manera muy cruenta a los seres humanos víctimas de la esclavitud -por no hablar de los esclavos del mundo antiguo, por ejemplo los contemporáneos de Espartaco-. Sin embargo, es cierto que la precarización de las condiciones laborales reduce el margen de maniobra de las personas y las hace más dependientes del mísero sueldo que cobren de las empresas que ejerzan ésta clase de abusos. Ésto llevaría a una esclavitud voluntaria del trabajador, un tipo de dominación psíquica por la dependencia del salario. Pero hay que tener cuidado en asimilar precarización laboral con esclavitud, debido al riesgo que supone dejar demasiado abierto el concepto de esclavitud y, por ello, no poder llevar a cabo políticas abolicionistas.

 

 

Una esclavitud más rentable

En relación a éste tipo de políticas, la profesora-doctora de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, Esther Pomares Cintas, habla en un ensayo sobre la introducción en el Código Penal en el año 2010 del delito de Trata de Seres Humanos con finalidad laboral sobre las prácticas que llevan a cabo ciertas multinacionales, con la complicidad de algunos Estados, para deslocalizar fábricas desde países occidentales, dejando a sus trabajadores en paro, y llevándolas a países donde los Estados permiten que los derechos de los trabajadores estén menos protegidos. Concretamente, la profesora-doctora Pomares habla de los factores que explican la trata de seres humanos».

Según la profesora de la Universidad jienense, «la necesaria vinculación del delito del 177 bis a determinados objetivos explotadores convierte a la trata de seres humanos en la versión moderna de la trata de esclavos que se produjo hasta el siglo XIX». Explica que «la nueva esclavitud del siglo XXI es, en cambio, más rentable: es más barata que aquella legalmente establecida porque se basa en una relación fáctica de dominio, en la que el valor de adquisición y mantenimiento del esclavo contemporáneo es mucho menor».

«Esta instrumentalización mercantilista de las personas -continúa- es una perversión más del modelo de producción capitalista dominante (globalizado) basado en la explotación de unos países sobre otros y en la supremacía del libre mercado; la libertad de compra y venta se convierte en un imperativo moral, en fundamento de la naturaleza humana y base de una sociedad libre”. Además, añade que «no sólo han aumentado las diferencias y desigualdades respecto de los países desarrollados, creando situaciones de necesidad y vulnerabilidad de amplios sectores de la población mundial que son los que alimentan el fenómeno de la trata. Los derechos sociales también están sufriendo una metamorfosis en aras de una ética que gira en torno a la competitividad, que establece, de hecho, la mercantilización del trabajo y de los trabajadores».

La especialista en Derecho Penal explica que en la actualidad «mantener el techo social, las garantías laborales, crear mecanismos públicos de control propios del Estado social y democrático de derecho, representa un grave obstáculo para la supremacía del mercado. La globalización del sistema neoliberal que desea contar con espacios de auto-des-regularización produce efectos perversos: cuanto más reducido sea el techo de las garantías sociales de un Estado, mayor será la confianza empresarial a la hora de mantener, o en su caso, generar empleo –precario, tal y como señala la especialista- porque menores serán los costes de producción».

La doctora apoya su análisis en una cita de Ignacio Ramonet: «Hasta tal punto que, como señala I. RAMONET, se está desarrollando una suerte de trata legal» y alude al conflicto entre los trabajadores de FIAT y su empresa cuando la automovilísitca italiana decidió deslocalizar sus fábricas hacia Europa oriental: «Es lo que sucedió en febrero de 2011 en Italia».

«El grupo Fiat colocó al personal de sus fábricas ante un chantaje: o los obreros italianos aceptaban trabajar más, en peores condiciones y con salarios reducidos, o las fábricas se deslocalizaban a Europa del Este. (…), el 63% de los asalariados de Fiat votaron a favor de su propia sobreexplotación…”. I.Ramonet

En este sentido, la miembro de SETEM, Alba Trepat, nos explicaba que sobre la deslocalización de industrias que «China ocupa una posición central como principal productor de la industria electrónica, pero el aumento de los salarios en las regiones costeras ha provocado algunos cambios en un mercado que busca países con bajos costes salariales. En las regiones del interior de China –como por ejemplo Chongqing–, el salario mínimo es más bajo que en la costa. Estas diferencias han provocado que los centros de producción se establezcan en las provincias del interior. Por otro lado, entre las empresas se detecta una tendencia creciente a abandonar China para trasladarse a países que ofrecen mano de obra más barata, como Vietnam, que está cerca de la frontera sur de China, no muy lejos del clúster de Guangdong. A raíz de la importancia de los proveedores y de las redes de clústeres especializados, es poco probable que en un futuro cercano los clústeres existentes en China, Indonesia y Malasia se trasladen a otros países».

Volviendo al análisis de Esther Pomares vemos que «este planteamiento manifiesta la tendencia a considerar la dignidad de las personas en un segundo plano, en la medida en que su protección no afecte a las bases del sistema económico». Explica que «el trabajador es, sobre todo, fuerza productiva, una situación que se agrava respecto del perfil económico que define al extranjero inmigrante, al que se le reserva un estatus de inferioridad legal y excluyente, y que suele coincidir con el perfil de la víctima de la trata».

Explicando lo anterior, asegura que «el Estado expulsa a un importante sector de seres humanos procedentes de terceros países de los confines del marco productivo para reincorporarlos posteriormente como ilegales en la producción».Afirma además que «la clandestinidad del extranjero, las trabas para acceder legalmente al mercado de trabajo, favorecen las prácticas de trata, acentúan la situación de desamparo ante las mismas, de modo que la indefensión del inmigrante no proviene del tráfico en sí sino de las normas estatales que dificultan satisfacer los requisitos de regularización administrativa, el derecho a migrar», un derecho que bien podría verse cuestionado en ciertos comportamientos de la UE, el Estado español en las fronteras de Melilla, Ceuta o en la frontera de Estados Unidos y México.

Para finalizar, Esther Pomares recuerda que «las víctimas de la trata pertenecen, en su mayoría, a países en vías de desarrollo y son trasladadas a países desarrollados para ser explotadas». Y hace hincapié en que «en Europa es especialmente destacable la trata con fines de explotación sexual (prostitución)» que es una de las más destacadas también por la ONU desde 1949 además de «la de carácter laboral» que, como afirma Pomares, «tiene lugar, sobre todo, en el servicio doméstico, los sectores de agricultura, construcción y restauración». Añade además que «un gran porcentaje está representado por las mujeres» y denuncia, por otro lado, que «la ausencia de regulación de las actividades de prestación de naturaleza sexual, o su prohibición, han tenido como consecuencia la internacionalización de la fuerza de trabajo sexual”. Remata asegurando que «los planteamientos abolicionistas de la prostitución también han favorecido estas prácticas mercantilistas del ser humano».

La solución está en la conciencia de los ciudadanos

Como hemos visto, la esclavitud, por desgracia, sigue siendo un fenómeno de absoluta vigencia y actualidad que presenta formas sutiles en el siglo XXI. Sin embargo, a pesar del pesimismo que pueda inundar a los ciudadanos concienciados con éstos problemas, existe la posibilidad de generar redes económicas que no reproduzcan estas prácticas esclavistas. Las ferias de economía social tratan de construir un nuevo planteamiento económico basado en los circuitos cortos de comercialización y que tiene como objetivo llegar a conseguir la economía del bien común, como apuntaría el economista austriaco Christian Felber.

Se trata, por tanto, de penalizar aquellos desarrollos económicos que se basen en prácticas como la esclavitud y premiar a aquellos que se basen en el bien común. Sien embargo, «el reto está en adaptar la economía real a los valores de las Constituciones», como dice Felber. Y ése es el principal objetivo. ¿Cómo aplicar el plan del bien común a la realidad y no seguir apoyando las políticas económicas que alimentan la esclavitud del siglo XXI?

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Mi primera experiencia con el periodismo fue con la Revista Redacción del IES Campo de Caltrava. Después de eso, y del taller de radio de la Universidad Popular de Miguelturra no pude parar. Creé La cueva del río en 2010 con el objetivo de llegar a convertirla en un sueño hecho realidad. Aprendo esta profesión en la Facultad de Periodismo de Cuenca y en El CRisol de Ciudad Real. Tuve un romance con la música. Ahora somos muy buenos amigos.
David Sanroa

David Sanroa

Mi primera experiencia con el periodismo fue con la Revista Redacción del IES Campo de Caltrava. Después de eso, y del taller de radio de la Universidad Popular de Miguelturra no pude parar. Creé La cueva del río en 2010 con el objetivo de llegar a convertirla en un sueño hecho realidad. Aprendo esta profesión en la Facultad de Periodismo de Cuenca y en El CRisol de Ciudad Real. Tuve un romance con la música. Ahora somos muy buenos amigos.

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