Los organismos internacionales reprueban a España su escasos esfuerzos por combatir la corrupción. Por primera vez, la preocupación por la clase política ha superado a la corrupción en el último  barómetro del CIS

El pasado 9 de diciembre se celebró el Día Internacional contra la Corrupción con bastante discreción. En una parrilla informativa saturada de nuevos casos judiciales, las amonestaciones de organismos internacionales o las continuas llamadas de atención para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la corrupción parece haberse normalizado. Las cifras rotundas despiertan, al menos, una sensación de incomodidad que nos recuerda nuestra obligación de seguir luchando por construir democracias más libres y justas.

Las Naciones Unidas han estimado en 2,6 billones de dólares anuales el coste de la corrupción en todo el mundo, casi un 5% del PIB global. En la Unión Europea la cantidad defraudada se cifra en 904 mil millones de euros anuales, según el último informe del grupo parlamentario europeo de Los Verdes y UFA. Para hacernos una idea, con ese importe se podría pagar más de 2000 veces el presupuesto anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  o erradicar el hambre en todo el mundo… por tres décadas.

El estudio arroja números poco alentadores para España: 90 mil millones de pérdidas anuales, cerca del 8% del PIB; el equivalente al 90% la partida total de sanidad, el doble de la destinada a educación y cuatro veces más que las ayudas al desempleo. Con estas cifras, la corrupción tendría un coste de 1.900 euros al año por cada español. Sin embargo, todavía estaríamos lejos (salvando la proporción) de las pérdidas de países como Alemania con 104 mil millones, Francia con 120 mil millones, o Italia, que ostentaría la cifra récord de corrupción en la Unión Europea con 238 mil millones.

Son cifras desorbitadas, pero merecen una glosa: el informe solo refleja el coste de eficiencia que ha generado de la corrupción, es decir, todo el beneficio potencial que la sociedad ha dejado de percibir por el desvío de capitales. En cualquier caso, los datos continúan la tendencia marcada por el Parlamento Europeo en su informe sobre la corrupción en 2016, en el cual contabilizaba los costes indirectos del desfalco de capitales, ampliando así los 120 mil millones anuales estimados por la Comisión Europea tan solo dos años antes.

Para apoyar estos datos también podemos acudir a organizaciones de ámbito nacional, como Casos-Aislados.com, que eleva la pérdida anual por la corrupción española a cifras similares, casi 200 mil millones de euros, señalando además, las 7.000 personas involucradas en casos de corrupción (aunque sin distinguir imputados y condenados). Según los datos estadísticos ofrecidos en la página web, Andalucía, Madrid y Valencia serían las comunidades autónomas con más casos de corrupción, mientras que Navarra , Aragón y la Rioja serían las que menores índices de evasión fiscal presentan.

Ciudadanos hartos

La corrupción es difícil de cuantificar, pero su mayor coste recala en lo social. Así lo aseguraba recientemente António Guterres, Secretario general de las Organización de las Naciones Unidas: “la corrupción (…) le roba a las sociedades escuelas, hospitales y otros servicios vitales, aleja la inversión extranjera y le quita a los países sus recursos naturales. Socava el imperio de la ley e incita a delitos como el tráfico ilícito de personas, drogas y armas”.

Los organismos internacionales subrayan la pérdida de confianza en la democracia y desconexión de las instituciones con la ciudadanía. El año pasado, Transparencia Internacional señaló a España como el país que más credibilidad había perdido en toda Europa a causa de la corrupción, tal y como refleja el Índice mundial de Percepción de la Corrupción. España queda relegada al puesto 42 de 180 países, a la altura de Chipre, Georgia o República Checa, a pesar de ocupar el vigésimo puesto de competitividad del Foro Económico Mundial.

El malestar es palpable a pie de calle. Por primera vez, la preocupación por la clase política ha superado a la corrupción en el último  barómetro del CIS, (un 31% frente a un 29,4%), sumado al 63% de los encuestados que el año pasado creía que el nivel de corrupción había empeorado en los 3 años anteriores. ¿Hasta qué punto esta percepción negativa de la corrupción se corresponde con la realidad? ¿Acaso la corrupción queda impune?

Si atendemos a los informes de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el crimen organizado, el año 2017 cerró con un aumento del 15% en los procedimientos judiciales, 609 casos y 33 sentencias condenatorias. La entidad también hace mención especial a los avances en la investigación de Gürtel, el Caso Bankia o el Caso 3%, entre otras tramas complejas. Según el Fiscal Jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón Cánovas, es la lentitud de los procesos judiciales y no la impunidad el problema de la percepción de la corrupción: «no puede afirmarse que la corrupción no se castigue o se castigue poco, siendo en tal sentido suficientemente expresivas las sentencias condenatorias dictadas en los últimos años».

Fiscal Jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón / EL MUNDO. Bernardo Pérez

«La mujer del César no solo debe ser honrada; sino también parecerlo». Si el problema no es la inacción de los tribunales, quizá provenga de la representación de la corrupción en la esfera pública. Y en este sentido la comunicación externa de la Administración en aras de la transparencia no parece reconducir la mala percepción de la sociedad. Según el barómetro del CIS de 2017, el 48% de los encuestados no había oído nunca hablar de la Ley de Transparencia, a pesar de que la gran mayoría de ciudadanos consideran la transparencia de las instituciones un instrumento clave para combatir la corrupción.

El Fiscal Jefe de Anticorrupción: «no puede afirmarse que la corrupción no se castigue o se castigue poco».

El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno es otra institución invisible para la mayoría de ciudadanos: el 68% la desconoce. Una circunstancia que lamentaba la ex presidenta del Consejo, Esther Arizmendi, fallecida el año pasado: «Es un país en el que no hay cultura de transparencia, en el que los datos han sido de la Administración, en el que el secretismo y la opacidad han funcionado durante mucho tiempo, en el que los ciudadanos tenían poco derecho a preguntar.» ¿Desdén ciudadano o mala gestión del Gobierno?

Parte de este fracaso debemos buscarlo en el atraso a la hora de nuevas leyes en la Administración del Estado: España fue el último país europeo en aprobar una Ley de Transparencia a finales de 2013. De igual manera, tanto el Consejo de la Transparencia como Portal de Transparencia se fundaron hace apenas cuatro años, aunque se espera que en los próximos años el volumen de consultas ciudadanas aumenten junto a una mejor publicidad de la Administración en materia de buen gobierno.

Atrancar las puertas giratorias

La corrupción no afecta a un único partido, es una lacra asentada de forma estructural en círculos clientelares. Además, la falta de voluntad política dificulta la incorporación de nuevas reformas para combatir la corrupción. Así lo advierte el informe anual sobre la cuarta ronda de evaluación del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa: ninguna de las once recomendaciones dictadas por el organismo ha sido cumplida satisfactoriamente por España. Solo siete de ellas se han conseguido de forma parcial, dejando a las otras cuatro totalmente desatendidas.

«El 68% de los ciudadanos desconocen el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno»

Entre las faltas más señaladas, el GRECO destaca la ausencia de un código de conducta público y consensuado que regule el contacto de la política con los lobbies. Más progresos señala, eso sí, en la creación de un registro público de grupos de interés. Sin embargo desde Europa reclaman más información, como revelar las empresas donde los parlamentarios posean acciones, los viajes y regalos promocionados, las dietas y las compensaciones de actividades paralelas de los políticos. El objetivo, insisten, es evitar el tráfico de influencias y las famosas «puertas giratorias».

Para algunos directivos y grandes empresarios hablar puertas giratorias está fuera de lugar. Y aunque algunos de los mejores profesionales pasan por el sector público, el deslinde de la banca con los círculos políticos no termina de resultar convincente, en especial tras la tormenta política desatada por el fallo del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Existen buenas razones para mantenerse vigilantes de la buena fe del sector bancario en su estrecho trato con la política.

En la lista de contradicciones encontramos el código de conducta de BBVA, que se opone tajantemente a las puertas giratorias: «no debes formular ofertas de trabajo o contratar a autoridades o empleados públicos que hayan trabajado en asuntos que afecten directamente a los intereses de BBVA»; sin embargo eso no ha impedido que  Francisco González, (el poderoso presidente de la banca  involucrado en el pago de ciertas grabaciones de Villarejo) fichase por el exgobernador del Banco de España el pasado febrero.

Tampoco el gigante Caixabank, a pesar de su buena reputación entre los clientes, se libra de sospechas. Por sus sedes han pasado nombres como Rodrigo Rato, (ministro de Economía, vicepresidente del Gobierno en la época de Aznar, director del FMI y actualmente en prisión por el caso de las tarjetas Black) Pedro Solbes (ministro de Economía y Hacienda con Felipe González, secretario de estado, vicepresidente Segundo del Gobierno, comisario europeo, etc…) sin olvidarnos de la mismísima Cristina de Borbón, representante del departamento cultural de la fundación La Caixa desde octubre de 1993. Ni en pleno escándalo por el caso Noós se planteó su destitución.

Los jueces, en el punto de mira

 La independencia judicial, pilar fundamental del Estado de Derecho, también ha quedado en entredicho. Los propios jueces y fiscales convocaron una huelga pasado 19 de noviembre para reclamar mejoras laborales y nuevas medidas para reforzar la transparencia en el nombramiento de altos cargos judiciales. El parón del gremio fue seguido por el 48,3% de los 5.500 jueces y el 39,3% de los fiscales, según datos del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.

 

Jueces y fiscales manifestándose a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia el pasado 19 de noviembre/ EL PAÍS. Mónica Torres

Las críticas por la creciente politización del poder judicial se han intensificado en los últimos meses, no solo por la sentencia del Supremo por el impuesto de las hipotecas, también por la renuncia de Manuel Marchena a presidir Consejo General del Poder Judicial. Una decisión motivada por los polémicos mensajes de wassap del portavoz en el Senado del partido Popular, Ignacio Cosidó, quien se felicitaba con sus compañeros por la ventajosa colocación de jueces en su causa contra el Procés. ¿Qué está fallando en la designación del CGPJ?

» España no ha aplicado satisfactoriamente ninguna de las once recomendaciones dictadas por el GRECO para combatir la corrupción»

Hasta ahora la composición del CGPJ dependía del Parlamento, con diez vocales escogidos por el Congreso y otros diez por el Senado por mayoría cualificada. En este proceso, doce de los veinte vocales son jueces y magistrados promocionados a través de candidaturas en asociaciones judiciales y avales de compañeros de carrera. A continuación, los veinte vocales escogen al presidente del CGPJ.

Si bien este método de elección propone un sistema basado en el mérito a través de un órgano que en teoría representa la voluntad del pueblo, en la práctica no es equitativo: en 2013 la mesa del consejo quedó con diez vocales propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno de izquierda unida, uno de CiU y uno de PNV. El autogobierno de la Justicia depende de las cuotas de poder de un Parlamento que favorece la estabilidad de grandes partidos.

El debate lleva tiempo siendo objeto de discusión, pero la presión de asociaciones judiciales y supervisores internacionales parecen estar a punto de conseguir un cambio sustancial. PP y Ciudadanos han sacado adelante una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Senado para que doce de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces. La iniciativa, calificada por el PSOE y Podemos de «oportunista», queda a la espera de la aprobación definitiva en el Congreso la semana que viene. Una reforma express que llegará, además, en el último mes de inspección del GRECO.

Proteger a los denunciantes

Otra de los piezas clave para agilizar la investigación de las tramas de corrupción es la protección de los denunciantes. Países como Alemania, Grecia, Reino Unido o Bélgica han incorporado a su ordenamiento jurídico fórmulas para proteger a los filtradores.

España ha sido -de nuevo- uno de los últimos países de la OCDE en planificar normas de protección para los denunciantes, cristalizadas en la proposición  de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, presentada en 2015 y atascada en el Parlamento desde entonces por falta de consenso político. Más agilidad encontramos a nivel autonómico, por ejemplo en el caso de Castilla-La Mancha, que acaba de fundar la Oficina de Defensa del Empleado Público, la cual promete garantías de protección a los denunciantes de corrupción.

Pero la protección jurídica no termina en funcionarios y trabajadores del sector público, también deben involucrar a los periodistas. Recientemente, la Policía Nacional requisó los móviles a dos reporteros para investigar una filtración periodística sobre la corrupción del caso Cursach, en Palma de Mallorca. Una decisión calificada de «insólita» y desproporcionada por parte de asociaciones de periodistas y profesionales de toda España, que se manifestaron por su derecho al secreto profesional.

Periodistas manifestándose por la libertad de prensa en Mallorca/ República.com
La responsabilidad de los medios

En definitiva, la corrupción es un complejo fenómeno económico, político y social que afecta a todos los países del mundo. Así, la guardia nacionalista recupera terreno por toda Europa: el Frente Nacional de Marine Le Pen, Viktor Orban en Hungría, el Movimiento 5 Estrellas en Italia, Amanecer Dorado en Grecia… VOX en España ha sido la última sorpresa. El fin de la corrupción del establishment, el reforzamiento de las fronteras y la exaltación de los valores nacionales excluyentes (cuando no predican la desconexión con Europa), son los puntos fuertes que arrasan entre los votantes desafectos de la política tradicional.

La crisis de legitimidad de la democracia está directamente relacionada no solo con la clase política, también con otro actor fundamental que ha desatendido su responsabilidad principal: los medios de comunicación. Cécile Barbeio, investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la UAB, aseguraba en LaMarea que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad a la hora de actuar como mediadores en contextos polarizados como el que vivimos: » cada vez se fijan más en los polos extremos porque son más llamativos, convirtiendo a las personas con posiciones más equilibradas en chivos expiatorios

El modelo de negocio caduco, el deterioro de las condiciones laborales, la tendencia general al sensacionalismo, unida a  la falta de independencia como servicio público, ha tenido un efecto dominó sobre la democracia y los medios de comunicación en su misión de vigilancia del poder. Ante esta circunstancia, nosotros los periodistas, debemos seguir apostando por información de calidad, contrastada y recuperar la confianza del público, pero también debemos defender nuestro derechos para evitar interferencias en nuestra lucha para conseguir sociedades más libres y justas.

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