El objetivo número 8 de los ODS(Objetivos de Desarrollo Sostenible) tiene por meta alcanzar el empleo digno y aupar así al crecimiento económico. De esta manera lo define la ONU dentro Agenda 2030 y que está integrada dentro del gobierno español a través del Ministerio de Asuntos Sociales y la Agenda 2030, dirigido por Pablo Iglesias. Los propósitos de este objetivo ya venían auspiciados en forma de acuerdo para el nuevo gobierno de coalición y las primeras propuestas ya estaban siendo activadas, como la subida del SMI, pero el tablero ha vuelto a removerse tras la irrupción de la pandemia.

Cuatrocientos millones de empleos perdidos y un riesgo de perderlo muy alto para casi la mitad de los trabajadores en todo el mundo, según la OIT. En España, el 80% de los empleos que se han perdido en el 2020 han sido temporales y durante el tercer trimestre de 2020 la tasa de paro ha subido hasta el 16,3%, una cifra que no se alcanzaba desde 2016. Estos son algunos de los efectos que está dejando la pandemia sobre España. La preocupación por estos datos sobrevenidos por la llamada crisis de la covid-19 es alta, pero el modelo en el que se sustentaba el país ya era deficitario. El problema de los falsos autónomos, la alta tasa de desempleo, la precariedad laboral o la temporalidad son los aspectos claves del modelo español que se tratarán de paliar para cumplir así con las metas del Objetivo N.º 8 de los ODS: trabajo decente y crecimiento económico.

“La precariedad laboral como síntoma de la temporalidad”

Temporales

Uno de los déficits que tiene España para poder cumplir con el octavo objetivo de los ODS es la elevada tasa de temporalidad, que se sitúo en un 26,1% en 2019. Una tasa que está muy por encima de la media de la UE, un 14,2%, y que revela la debilidad del sistema laboral. Yago Álvarez Barba, redactor y coordinador de la sección de economía en El Salto y miembro-activista de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, afirma que la temporalidad “no es causa del problema sino la consecuencia. Una de las causas es el sistema productivo de España. En el reparto del sector productivo de la UE, a España le tocó el sector servicios y la agricultura. Ambos son sectores muy importantes en nuestro país pero siguen siendo muy precarios. Este es el germen de la temporalidad y de los contratos partidos en hostelería. Todo conforma una masa laboral que no da para otra cosa”, afirma Álvarez Barba.

Evolución de la tasa de temporalidad en España y en la UE (2005-2018). Eurostat

“A diferencia de otros países, en España precariedad laboral es sinónimo de empleo a tiempo parcial”, afirma el economista Gonzalo Bernardos en Crónica Global. La principal causa que el economista alegaba, en 2019, para defender esta hipótesis era la alta insatisfacción de los trabajadores temporales ocasionada por la baja retribución recibida por hora. Es decir, que en España un trabajador a tiempo parcial percibe menos salario por hora que un trabajador a tiempo completo. Esto unido a la situación que tenemos actualmente, una de las tasas de temporalidad más altas de la UE, reflejan la situación actual de los trabajadores en España.

La afirmación de Bernardos era más un grito de alerta hacia el modelo al que nos estábamos encaminando que un déjà vu. Y así lo siguen mostrando los datos presentados por Eurostat en 2020: España es el tercer país con una mayor tasa de empleo precario en Europa, el 12,7% de trabajadores bajo el umbral de la pobreza. Este informe de la agencia comunitaria de datos viene a confirmar que trabajar en España no es sinónimo de prosperidad laboral. Más de uno de cada de diez trabajadores no llegan a fin de mes y se encuentran en riesgo de pobreza.

Fuente.Eurostat.202. El umbral de pobreza se calcula tomando en cuenta el número de hogares que no superan el 60% de ingresos de la mediana del resto de hogares del país, según el INE

No obstante, otro de los asuntos prioritarios para la Agenda 2030 es lograr la “igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”, incrustado en la quinta meta del octavo ODS. Y la brecha de género también está presente entre los trabajadores temporales. “Los datos afirman que en CLM la temporalidad en los empleos de la mujer ha sido mucho mayor. Y esto entronca con lo que va a ocurrir con el asunto del teletrabajo y la corresponsabilidad y conciliación el ámbito doméstico. Las mujeres están pidiendo el teletrabajo para poder conciliar y eso supone que las mujeres tengan una doble jornada simultánea, la laboral y la doméstica”, reconoce Amelia Valero López, Secretaria Provincial en CCOO de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) en Albacete.

Del mismo modo, Valero advierte que “en el futuro y con este modelo, seremos jubilados sin derecho a nada”, aludiendo a los contratos temporales. Con la legislación actual, este tipo de “contratos no conllevan prestaciones y los derechos a las bajas remuneradas o a la seguridad en el empleo disminuyen”, alerta la Secretaria Provincial de CCOO.

Vulnerables laboralmente

“Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente”. Esta es la definición de la RAE para la acepción vulnerable y la realidad muestra que la mayoría de los trabajadores en España lo son. La pandemia ha evidenciado que los primeros recortes van en la senda de eliminar los contratos temporales.Y en España existen muchos de estos contratos – uno de cada cuatro exactamente.

Esta vulnerabilidad laboral está más presente en los sectores que más se han visto afectados por la pandemia: turismo, ocio y restauración. En el Informe de Transferibilidad de habilidades de los trabajadores en los sectores potencialmente afectados tras el Covid-19 del 2º trimestre de 2020, el Banco de España evidencia que “las condiciones contractuales de los asalariados en las ramas afectadas son más precarias que en el resto. Particularmente, existe una mayor tasa de temporalidad y de parcialidad”. Y los menores de 25 años son los que más están empleados en este sector. “La proporción de jóvenes menores de 25 años en las ramas afectadas (en torno al 11 % y el 12 %) casi doblaba la observada en el total de la economía”, revela el informe del órgano nacional. Los jóvenes son empleados en contratos parciales y temporales, uno de los datos que pretende revertir la Agenda 2030 mediante la medida de “poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes”. Una estrategia que parece que no ha sido aún desarrollada, más allá del Pacto Mundial para el Empleo de la OIT.

Otro informe ,Benchmarking Working Europe 2020 de la Confederación Europea de Sindicatos ,ha revelado lo lejos que está España de lograr el objetivo de disminuir la exclusión soial, que se tradujo en reducir la tasa de exclusión en un 13% desde 2008 hasta 2019 y que no ha sido cumplido. Y no es que no sólo no se haya cumplido el objetivo sino que la exclusión social ha aumentado 9 puntos entre los años 2008 y 2019. Del mismo modo, el estudio manifiesta como la tasa de trabajadores en riesgo de pobreza ha aumentado en España un 16% desde el 2008.

Informe ETUI.Relación entre la tasa de reducción de la exclusión social entre 2008-2019 y el objetivo propuesto por lo países.

Todo ello confluye en una vulnerabilidad laboral en la que sólo se obtendrá empleo en los periodos de bonanza bajo el amparo del concepto de’ aumento de la demanda’. En la otra cara de la moneda, cuando la tormenta en forma de crisis cubra el horizonte, el sistema excluirá a los trabajadores temporales, como está constatando la crisis originada por la pandemia.

Para Catelene Passchier, Presidenta del Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT, las perspectivas de futuro pasan por afianzar el sector público. “Con la crisis se ha puesto de manifiesto que décadas de austeridad y de políticas neoliberales han llevado a que los servicios públicos y el sector público no puedan responder adecuadamente a la crisis. (…) El debate de la OIT en lo que respecta a las denominadas ‘formas atípicas de empleo’ ha estado demasiado tiempo paralizado. Es el momento de actuar y hacer un seguimiento efectivo de los pisos de protección laboral”, afirmaba la mandataria en una entrevista. Otra vía que se abre ante la perspectiva de un futuro incierto es la subida del salario mínimo, que ya se está planteando de nuevo en España. En Europa ya hay 15 países que están optando por esta medida para contrarrestar los duros periodos de confinamiento europeo.

Los falsos autónomos

La nueva economía digital, también conocida como economía de las plataformas, ha traído nuevas vías y alternativas de consumo que están siendo exploradas desde al auge de la digitalización. Y ésta, precisamente, es una de las metas que pretende España en su cumplimiento de los ODS sobre trabajo digno y crecimiento económico: “lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación”, según el Gobierno de España.

La llegada de la economía colaborativa ha originado el término de ‘uberización de la economía’, una nueva forma de entender la economía que pasa por la intermediación de apps y la irrupción de trabajadores descentralizados. “La uberización económica lo que pretende es destruir el poder de organización de los trabajadores separando a las personas lo más posible y haciendo que compitan entre ellos”, sostiene Álvarez Barba. Asimismo, Valero López agrega que la “externalización y descentralización” son otras dos características de la estrategia de las plataformas para ahorrarse costes». En CCOO se elaboró un informe (Intervención de los sindicatos de clase en la economía de las plataformas. Rocha Sánchez, Fernando. 2018) en el que ya se “presentaba a las plataformas digitales como un entramado de externalización productiva”, reivindica Valero López desde el sindicato.

La problemática que subyace tras la entrada de las nuevas plataformas en la economía, sobre todo las que se centran en prestar los servicios de entrega de bienes a domicilio (la renovada recadería), es la figura laboral por la que optan para con sus trabajadores: la figura del trabajador por cuenta propia o el autónomo TRADE, un trabajador por cuenta propia que obtiene, al menos, el 75% de sus ingresos de un único pagador. Estas figuras y su inclusión en el modelo de las plataformas están generando debate sobre la distancia entre la legislación laboral actual y la realidad de los trabajadores. Uno tal, que hasta el Tribunal Supremo ha obligado a la empresa Glovo reconocer como asalariados a sus propios trabajadores por considerarlos como falsos autónomos al entender que la relación entre trabajadores y empresa tenía “una naturaleza laboral”. Es decir, que el TS ha reconocido que son asalariados, al igual que la Inspección de Trabajo que ha obligado a la contratación de 11.000 trabajadores de la misma empresa. Una situación en la que se encuentran miles de trabajadores que operan para otras compañías como Amazon, Deliveroo o Uber.

El número de falsos autónomos en nuestro país es incalculable. Aunque según las denuncias de la Inspección de Trabajo ha ido creciendo, en 2018 denunció diez veces más irregularidades que los años anteriores, a la par que la llegada de las grandes compañías digitales que operan bajo el sistema de subcontratas. Y el Gobierno está tomando medidas. Desde la ‘Ley Rider’ del Ministerio de Trabajo para la regularización de este colectivo hasta la contratación de una consultoría externa para detectar el fraude a la Seguridad Social de los falsos autónomos.

El caso de los ‘riders’ y la regularización laboral como meta

En los últimos meses y desde la llegada del nuevo gobierno de coalición, el asunto de los falsos autónomos y los ‘riders’ se ha revelado como uno de los prioritarios para el Ministerio de Trabajo, comandado por la ministra Yolanda Díaz. De este modo, desde el gobierno se quiere seguir la senda del cumplimiento del Objetivo del trabajo digno enmarcado en los ODS y la Agenda 2030 a través de la regularización de los colectivos más vulnerables. Por el otro lado, es prioritario para el ejecutivo la detección del fraude a la Seguridad Social y subsanar así la situación de desequilibrio legal.

Trabajadores en un local de comida a domicilio durante la pandemia

Con la llegada de la pandemia, la destrucción del empleo y los ERTE se ha elevado el número de parados, algo que por un lado responde a la lógica imperante en todo el mundo. El FMI estima que en España se han perdido 965.000 empleos y que no se volverá al panorama precrisis hasta el 2026. La situación ha dejado, por un lado, a miles de trabajadores en la calle, a la vez que ha permitido que las compañías que prestan sus servicios a domicilio hayan engrosado su demanda significativamente. Un ejemplo de ello son los datos presentados por la compañía Just Eat, en la que revelan que la demanda en servicios de comida a domicilio a través de su plataforma ha aumentado entre un 40 y un 50% a causa de la pandemia. Estos hechos auguran que el número de personas que operan ‘bajo el cobijo’ de estas plataformas en 2020 haya crecido.

En España hay unos 30.000 ‘riders’, según la Adigital, la Asociación Española de Economía Digital, que operan a través de estas compañías. Sus derechos como trabajadores autónomos no son los mismos que los asalariados y están en eso que se conoce como ‘limbo legal’: operan como autónomos, con un alto riesgo de no serlo, y no se pueden atener al Estatuto de los Trabajadores por no ser asalariados. La responsable de FSC en CCOO Albacete asegura que “existe un retroceso en los derechos de los trabajadores” explicando que, por ejemplo, existe “un déficit en la prevención de los riesgos laborales (PRL) que va de la mano de la externalización de los servicios” y ocasiona que los falsos autónomos y, en este caso los ‘riders’, se encuentren en “una situación de desprotección”.
Aún así, la regularización del colectivo está pasando por una negociación entre los actores involucrados: sindicatos de ‘riders’, la patronal de las empresas, como Adigital o ATA, y el propio Gobierno. El resultado de esta negociación será, previsiblemente, una ley que regule la situación laboral de este colectivo y que puede marcar la pauta regulatoria para un futuro en el que se vislumbra el crecimiento de esta economía digital ligada a las apps y al consumo rápido e inmediato de bienes y servicios.

La temporalidad, la precariedad y la regularización laboral de los colectivos al margen son algunas de las claves con las que tendrá que lidiar el ejecutivo para lograr los objetivos propuestos en los ODS.

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Alejandro Sahori Valero

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