“En la especial los chicos no aprenden nada, es un gueto”, denuncia Carlos Vicente Cuesta, presidente de ADOCU (Asociación de Síndrome de Down Cuenca). La educación especial ha aparecido en la portada de todos los telediarios, con argumentos a favor de una mayor inclusión en las aulas o la defensa del uso de los centros especializados para los niños con discapacidad.

Sin embargo, la realidad de la inclusión requiere un gran debate que plasme definitivamente en las leyes educativas un camino para que los niños, jóvenes y adultos con discapacidad puedan estar donde mejor desarrollen sus habilidades y, por supuesto, ser felices.

 

Sede de ADOCU (Asociación de Síndrome de Down de Cuenca)/I.Suárez
Las
Leyes educativas

De 1980 a 2020 se han desarrollado 8 leyes para legislar la educación en España, sin contar con la Ley General de Educación de 1970 realizada por Franco y UCD (Unión de Centro Democrático). De esas 9 leyes, 5 han sido elaboradas por el PSOE, incluso en legislaturas continuadas.

Estas 8 leyes, con sus respectivas siglas (LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE y LOMLOE), han demostrado la volatilidad del sistema educativo para los políticos, que, tras 40 años, no han llegado a un acuerdo. ”Cada color cambia la ley; han entrado en una dinámica en la que ningún partido político se toma en serio el tema de la educación”, explica María Ángeles Aznárez, maestra de Audición y Lenguaje en el Colegio Público Fuente del Oro.

La educación especial también se ha visto afectada en las sucesivas leyes. La LOGSE desarrolla los principios de normalización e integración escolar e introduce por primera vez el término de alumnos con necesidades especiales desterrando el uso de alumnos deficiente e inadaptados. Se aportan medios tanto personales como materiales al sistema educativo para cumplir sus necesidades. La LOCE cambia la integración por inclusión, añadiendo a población migrante que desconoce el idioma y sobredotación intelectual.

Ley Celaá, puesta a debate

La nueva ley propuesta por el Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos ha cambiado lo establecido hasta ahora en la educación especial. A pesar del debate en los medios de comunicación, en la ley no figura que se vayan a cerrar los centros de educación especial.

“Generar esa idea de que la inclusión está mal o que van a cerrar centros no ayuda para nada”, defiende Sergio Carretero, presidente de APOCLAM (Asociación Profesional de Orientadores de Castilla-La Mancha), entidad que aglutina a profesionales que, dentro del sistema educativo, tienen como objetivo ayudar y asesorar a padres, alumnos y profesores para conseguir un buen funcionamiento del centro. En otras palabras, la politización y las fake news sobre la ley han llevado a equivocaciones.

Pancartas contra la Ley Celaá en el Colegio La Milagrosa en Cuenca/I.Suárez

Por ello, lo que plantea la LOMLOE es que «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Además, recoge que «las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencias y apoyo para los centros ordinarios”.

Tanto Sergio Carretero, presidente de APOCLAM, como Antonio Jesús Ortega, maestro especialista en pedagogía terapéutica en el Centro de Educación Especial Infanta Elena, comparten la opinión sobre que la ley es adecuada en el papel, pero no cumplirá su función. Sergio considera que no cumplirá con la inclusión que promete porque se necesita un cambio en el sistema educativo, aunque puede ser el inicio. Por la otra parte, Antonio opina que los centros de educación especial son fundamentales y que la ley es una utopía.

La inclusión en España

La educadora infantil Ana Cañizares explica que la inclusión en niños menores de 3 años es total. En el jardín de infancia comparten el aula todos los niños y niñas. La escolarización es el comienzo de la división entre unos y otros. “A partir de los 4 años hay niños que pueden estar mucho mejor atendidos en un centro de educación especial”, opina Cañizares. A pesar de que se invierta más dinero como propone la nueva ley, la educadora infantil no cree que cambie la realidad de esos niños.

Tras cumplir los tres años, los niños entran en la escolarización ordinaria donde se valoran los conocimientos a través de pruebas y niveles que deben pasar año tras año. El presidente de APOCLAM, Sergio Carretero, opina: «El nivel de inclusión es mejorable, le daría un 5 pelado”. Este sistema no funciona a todos los alumnos.

Cree que en el sistema educativo hay mucha variabilidad y depende sobre todo del profesorado que rodea al niño. “Una publicación muy interesante es el index for inclusion, ahí te relata los diferentes pasos que debería llevar a cabo un sistema educativo para ser cada vez más inclusivo. El primero y más importante es la sensibilización”, expone Sergio Carretero.

El presidente de ADOCU critica que no existe la educación inclusiva, que a las familias no les dan opciones. “A los padres se les puso en la tesitura de llevar a sus hijos a centros especiales donde se les atendía o llevar a centros ordinarios donde no hay apoyos y están arrinconados”, según explica Carlos Vicente Cuesta.

“La inclusión es muy buena. Si se invierte más dinero, mejor; pero, de hace 35 años a ahora, ha habido unos progresos muy grandes. Como se ha ido haciendo en España, yo creo que el resultado es muy bueno”, defiende María Ángeles Aznarez, maestra de Audición y Lenguaje, que comparte el aprendizaje con niños con discapacidad en un centro público.

La realidad es que los profesionales que tratan con los niños día a día ven como el sistema funciona, ya que los niños con un grado alto no pueden adaptarse al aula. Sin embargo, como reconocen algunos otros profesionales, el problema es el sistema. “Si nos vamos a 30 o 40 años antes, un niño sordo o una niña ciega eran segregados. En la actualidad se ha visto que se han intregado muy bien a los centros ordinarios con determinados recursos. A nadie ahora se le ocurre pensar que una persona sorda no pueda ir a la universidad”, explica Sergio Carretero.

Imagen de integrantes de ADOCU/Fuente: ADOCU
Del colegio al instituto, un paso complicado

Estos niños y niñas con discapacidad pasan de un ambiente controlado, con un ratio de 25 alumnos por aula, con una mentalidad más inocente, a un ambiente de hormonas y comparaciones tanto físicamente como intelectualmente. Además,  la ratio en los centros de educación secundaria y bachillerato nacionales sube a 35 alumnos por clase, haciendo todavía más complicado a los profesionales poder centrarse en jóvenes con una dificultad en el aprendizaje.

Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), las clases más pequeñas beneficiarían a los grupos de estudiantes concretos, como los que proceden de entornos desfavorecidos o los que tienen problemas de aprendizaje y necesidades especiales. Incluso reduciría la tasa de abandono escolar.

Sin embargo, Antonio Jesús Ortega explica que la realidad en los institutos es complicada para los jóvenes con discapacidad, no tanto física, como mental. Además, el profesional cree que estos jóvenes están más incluidos en un colegio de educación especial. Asimismo, teme que puedan llegar casos que reciben bulllying en los institutos, porque ya tienen varios. “Va a ocurrir con la nueva ley, va a venir casos con bullying y aquí están felices”, añade el maestro trabajando en el Colegio de Educación Especial Infanta Elena.

Los profesionales necesitan más formación

Los profesionales coinciden en que falta formación especifica en el profesorado para poder tratar a niños que presenten otras habilidades en sus aulas y así tener herramientas para favorecer la formación de todos los alumnos.

“Si que sería necesario una formación humana en aspectos de capacidad e inclusión, porque a veces hay mucha falta de formación”, expone la orientadora Hortensia del Barrio. La falta de comprensión o de herramientas sobre determinadas discapacidades puede ser un gran impedimento para la adaptación del niño, como son los casos de autismo.

Uno de los profesionales que presentan esa falta de formación especifica y que tratan con los niños día a día son los auxiliares técnicos educativos. Su misión es una asistencia y formación a escolares con discapacidad, atendiéndoles en la limpieza o en el comedor, entre otras cosas. Sin embargo, los auxiliares no tienen una formación ni en educación, ni en inclusión, ni el técnicas concretas; basta con tener un Título en Bachiller o en Técnico en Formación Profesional, según las bases de la bolsa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“Es una de las patas; malamente podemos dar una educación de calidad, no solo en discapacidad, sino hay una formación continua por parte del profesorado y los técnicos de educación”, explica Carlos Vicente Cuesta. La falta de una formación continuada en el profesorado no favorece la mejora en la educación actual.

En las comunidades autónomas existen servicios para que los profesores continúen formándose. En Castilla- La Mancha se llama Centro Regional de Formación de Profesorado. Hay oferta, pero al ser voluntario, hay muchos profesores que no buscan conocer nuevas materias, ni pedagogías, ni herramientas para poder adaptarse a las clases que vendrán con la nueva ley.

La realidad es que existen tantas maneras de entender la inclusión como países y como centros educativos. Es cierto que los profesionales ven como en España se ha avanzado mucho para que niños de diferentes habilidades compartan el espacio escolar. Sin embargo, manifiestan que lo perseguido por la nueva ley es una utopía en España y tienen sus motivos.

Los jóvenes con discapacidad deben cumplir unos requisitos para poder permanecer en el sistema educativo ordinario. Además, muchos de ellos están muy afectados y el mejor lugar es un centro de educación especial. El problema está en aquellos niños y jóvenes que no se mantienen en el ordinario por falta de sensibilización o falta de recursos. La formación de los profesionales o más recursos no serían la solución real, aunque ayudaría.

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Irene Suarez

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