La reciente conmemoración del aniversario de la Segunda República ha llenado las páginas de los periódicos y cubierto las redes sociales de artículos y mensajes en favor y en contra. Más de lo primero que de lo segundo, como es natural. Aunque estamos acostumbrados a estos pronunciamientos republicanos o antirrepublicanos cada 14 de abril, este año ha tenido una dimensión diferente. Ya se produjo un salto cualitativo en 2012, cuando el mismo aniversario coincidió con el accidente del Rey en su cacería de elefantes en Botsuana; entonces, llovía sobre mojado porque ya se había destapado el escándalo Nóos, que afectaba a su yerno. Este año, si cabe, se ha visto amplificado porque la situación económica, lejos de ser reconducida por el gobierno del PP, como prometió en campaña, ha seguido ampliando los dramas sociales y destapado una profunda crisis institucional a todos los niveles, mientras el cerco judicial y mediático a la Casa Real no ha parado de aumentar.

No planteo este artículo desde el simple hecho de cambiar cromos en la jefatura del Estado, de sustituir un régimen hereditario por otro electivo. Me interesa más el debate intelectual que ha generado entre quienes han analizado sus entrañas. Por un lado, están quienes defienden el mantenimiento de una institución tradicional, la monárquica, garante, a su juicio, de la convivencia democrática y unidad de la patria. Por el otro, quienes apuestan por una cultura política, la republicana, capaz de aportar la argamasa necesaria para otorgarle a dicha convivencia unos valores cívicos más sólidos y compartidos.

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En realidad, ni monárquicos ni republicanos lo tienen fácil. La Monarquía tiene los “pies de barro” [1] y el apoyo que recibe de las elites parece ser de carácter estratégico, no tanto por convicción, según el profesor de Comunicación de la Universidad de Valencia Guilermo López García, mientras las encuestas van mostrando un creciente desapego hacia la institución, especialmente significativo entre la población más joven.

Por otra parte, apostar por la cultura republicana resulta prematuro porque, aun siendo un antídoto contra la corrupción y una herramienta eficaz de participación política y músculo social, ha sido sistemáticamente postergada por las culturas políticas dominantes desde hace siete décadas y el blindaje constitucional complica notablemente la alternativa republicana; eso sí, resulta menos desconocida ahora, conforme se han ido reivindicando sus valores desde diferentes colectivos en los últimos años y enarbolado su bandera en manifestaciones diversas.

A esta última se ha referido Julián Casanova (catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza), que ha abierto el debate en el diario El País [2]. En un artículo titulado “Monarquía o República”, afirma que la crisis de la política institucional ha marcado un punto de inflexión para la legitimidad de la Corona y que, por tanto, la regeneración no puede venir de su mano, sino de una renovación cultural y educativa. A este historiador, más que una dicotomía de formas de Estado, le interesa una cultura política, la republicana, que apuesta tanto por la laicidad como por una profunda democratización de las instituciones y un compromiso efectivo con los servicios públicos y la redistribución de la riqueza, y que, en definitiva, representa unos valores cívicos y participativos capaces no sólo de denunciar la corrupción sino también de recuperar el interés por los asuntos públicos.

Aunque sin citarla, contrasta con la tesis anterior el artículo de Luis Garicano (catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics y director de la Cátedra McKinsey de FEDEA). Desde una tribuna del diario El Mundo, [3], titulada “¿Hay que repensar España?”, ha advertido del peligro que supone cuestionar una estructura institucional básica, que ha sobrevivido trescientos años –los que llevan asociados la dinastía borbónica y una España unida— vertebrando las relaciones entre los españoles, pues hacerlo es un camino que puede provocar la desintegración del país. Aun siendo sugerente su tesis, no alude a las razones históricas por las que fueron interrumpidas, por dos veces, las experiencias borbónicas en España, en 1868 y 1931.

Sobre una de las raíces de sus males ha insistido Manuel Cruz (catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona). En su artículo “El final de la monarquía prepolítica” [4], desde las páginas de El País, ha defendido la necesidad de un control democrático de una institución que se ha mantenido demasiado tiempo al margen del mismo, con la excusa de proteger al monarca, pues se ha visto superada por la realidad, y augura que una eventual reforma constitucional tendría ahora unos enemigos distintos, pero no menos poderosos, que en el pasado; sin en los años setenta fueron los poderes fácticos del franquismo, en la actualidad son los llamados mercados.

El quebranto de la imagen de la Monarquía, en general, y del juancarlismo (versión aceptada de la misma desde la transición), en particular, parece, no obstante, imparable. Ni siquiera pueden negarlo sus adalides. El propio Garicano lo reconoce aunque advierte de que la alternativa es el caos. No es así. Aunque los monárquicos tienen un as en la manga, la abdicación, defendida, entre otros, por José Antonio Zarzalejos, ex director del diario ABC, cuyo monarquismo es compatible con su crítica, reiterada últimamente, al propio Rey [5]. De producirse, le podría otorgar a la Corona un tiempo de margen, quizás de descuento, salvo que el deterioro social y político superara unos límites que aún no ha alcanzado. En cualquier caso, en las actuales circunstancias, no garantiza la pervivencia institucional a largo plazo.

La verdadera alternativa se establece, por tanto, entre una institución tradicional, que va perdiendo capital político pero se vincula a la estabilidad y la unidad nacional, y una cultura política que necesita aún de mucha pedagogía, en los términos defendidos por Julián Casanova, que proporciona los valores cívicos que echamos de menos en estos momentos.

No podemos permitirnos que la República llegue, por tercera vez, simplemente por la propia caída de la Monarquía, sin haber llenado de contenido su alternativa. Tampoco es hora de mitificar la experiencia republicana anterior, que tuvo que improvisar esa cultura política que ahora debiera penetrar en la sociedad como lluvia fina. Nacida con los mejores propósitos, fue gestionada de manera poco modélica. Bien es cierto que, ni le faltaron enemigos (a diestro y siniestro, incluso dentro del propio Consejo de Ministros), ni se encontró una coyuntura internacional propicia. Y probablemente podría haber sobrevivido un tiempo (como en la vecina Francia) si no hubiera sido objeto de un pronunciamiento militar alentado por todos aquellos sectores contrarios a su espíritu reformista.

La monarquía juancarlista, nacida como último deseo del dictador pero reconvertida en elemento central de la recuperación de la democracia, no ha sido la panacea institucional propagada hasta la saciedad y sus valores cívicos, si los hubo, se han ido evaporando. Su mitificación no ha impedido que hayan ido aflorando sus carencias y deteriorándose su pretendida concepción modélica. Es cierto que una República, por sí misma, no garantiza la afirmación de los valores republicanos. Nuestros vecinos italianos son una buena muestra. Por último, hay que desterrar cualquier tentación patrimonializadora o partidista de una cultura política –que, por definición, siguiendo a S. Bernstein, Les cultures politiques en France, Paris, Seuil, 1999, es un sistema de representaciones culturales compartidas por los grupos humanos— como la republicana, que resulta más compatible con la calidad democrática que, de nuevo, volvemos a anhelar. En estos momentos en que abundan las voces de una segunda transición y los paralelismos con la crisis de la Restauración, un siglo después, se hacen cada vez más palpables, deberíamos aprender tanto de nuestra historia reciente como de experiencias nada exitosas de nuestro entorno.

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