Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre

La implantación de la LOMCE y los recortes llevados a cabo por el Gobierno en España ponen en peligro la equidad educativa

Un día como hoy, concretamente el 10 de diciembre de 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de los Derechos Humanos. La protección de estos derechos ha sido el principal objetivo de las Naciones Unidas desde el 10 de diciembre de 1948, fecha en que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que fue redactada por representantes de procedencias legales y culturales de todo el mundo. Además, esta unión supuso un punto de inflexión en la sociedad ya que todos los Estados se comprometieron a garantizar y asegurar que todas las personas son tratadas de forma igualitaria.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define estos derechos como «derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles».

Desde entonces, numerosos instrumentos y mecanismos trabajan para asegurar la primacía de los Derechos Humanos y vigilar el correcto cumplimiento de las normas que contienen estos derechos.

La celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos del pasado año cobró especial importancia ya que se cumplió el vigésimo aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena que supuso el establecimiento del mandato del Alto Comisionado para los Derechos y que marcó el comienzo de un esfuerzo renovado de lucha por los mismos.

Entre los derechos económicos, sociales y culturales localizados en el listado de Derechos Humanos se detalla el derecho a la educación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge en su artículo 26 que «toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos». Además especifica que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz».

{{{Leyes educativas}}}

[El sistema educativo español ha sufrido muchos cambios->http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/26/actualidad/1385489735_160991.html] desde que entrase en vigor en 1970 la Ley General de Educación (LGE) aprobada durante el franquismo que estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años. Con este sistema, después de superar la citada edad, se podía acceder al Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) o a Formación Profesional (FP). En 1980 se aprueba la Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares (LOECE). Es la primera norma en democracia aprobada tras la Constitución que entrará en vigor de 1980 a 1985. Además esta ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PSOE. La justicia estimó parcialmente el recurso y eliminó algunos aspectos detallados en sus artículos.

Después de la LOECE, el gobierno socialista aprobó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) en 1985. Esta norma fue pionera en el establecimiento de consejos escolares en el que profesores, padres y alumnos mantuvieron reuniones para mejorar la educación.

En 1990 llegó a España el cambio educativo más profundo durante la democracia con la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), cuya estructura de cursos y etapas continúa vigente hoy. Si la LGE instauró la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, la LOGSE fue más allá y aumentó la escolarización hasta los 16 años y determinó la división en Educación Primaria, desde los 6 hasta los 12, y en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), desde los 12 años hasta los 16. Por otro lado, esta norma estableció dos ciclos de Educación Infantil, uno hasta los 3 años y otro de 3 a 6 años.

La LOGSE también introdujo un nuevo Bachillerato de dos años de duración, que sustituye al antiguo COU, hasta los 18 años. Entre las mejoras que recogía esta nueva ley destacaba la reducción de 40 a 25 alumnos por clase y la asignación de profesores especializados para determinadas materias, como idiomas o educación física.

La última norma educativa fomentada por el Gobierno de Felipe González fue la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), aprobada en 1995. Esta ley obligaba a los colegios concertados a admitir alumnos de minorías sociales.
Con el objetivo de reformar y mejorar la educación en España, el Gobierno de José María Aznar promulgó en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que apenas llegó a entrar en vigor en unos pocos puntos ya que fue derogada por el PSOE en 2004 cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno. La LOCE otorgó itinerarios distintos al final de la ESO que dependían de los rendimientos de los alumnos. Además, esta norma endureció la obligación de repetir curso en la Educación Secundaria Obligatoria si se suspendían más de dos asignaturas.

En 2006 y con el PSOE todavía en el poder, el equipo socialista sacó adelante la Ley Orgánica de Educación (LOE) que derogó todas las normas anteriores excepto la LODE de 1985. Esta nueva reforma educativa empezó a aplicarse en 2007-2008 y mantuvo la estructura básica del sistema que estableció la LOGSE. Se creó la asignatura de Educación para la Ciudadanía y determinó la Religión como optativa para todos los alumnos que quisieran acceder a esta oferta formativa y didáctica. El Gobierno Socialista estableció tres modalidades para el Bachillerato y adelantó la enseñanza de inglés a los 3 años, manteniendo la Educación Infantil de los 3 a los 6 como formación voluntaria y gratuita.

{{{La polémica LOMCE}}}

Todas las leyes anteriores han sido polémicas y han despertado las críticas de la sociedad española, pero si ha habido una ley que ha suscitado especial revuelo y numerosas manifestaciones esa es la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

El Congreso de los Diputados aprobó el 28 de noviembre de 2013 la ley impulsada por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que modifica parcialmente la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006. Esta reforma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de diciembre de 2013.

<quote>Una ley que no se nutre del sentir, saber y voto de la comunidad educativa es antidemocrática</quote>

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recoge en su [página web->http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20131210-boe/LOMCE-10-12-13.pdf] las pautas y claves de esta reforma educativa. Las novedades más destacadas de la LOMCE son  un conjunto de medidas para mejorar las condiciones de los alumnos así como expresar sus talentos y alcanzar el pleno el pleno desarrollo personal y profesional. Además esta norma pretende resolver los problemas detectados en el sistema educativo español, el refuerzo de los conocimientos instrumentales, el desarrollo de sistemas de evaluación externas censales y consistentes en el tiempo y el incremento de la transparencia de los resultados, entre otras.

Esta ley conocida también como “Ley Wert” introduce las reválidas, pruebas nacionales comunes al finalizar sexto de Primaria, cuarto de ESO y segundo de Bachillerato. Se establece como requisito indispensable para obtener los títulos correspondientes superar las dos últimas pruebas. Al terminar tercero de Primaria se llevará a cabo una evaluación individualizada calificada por profesores externos al centro, con el fin de reconocer cualquier problema en el aprendizaje de los alumnos.

Por otro lado, el castellano se reconoce como lengua vehicular y desaparece la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La materia de Religión vuelve a puntuar para la nota media y se convierte en optativa.

Los ratios de los centros educativos, es decir, el número de alumnos por profesor y aula, son de 30 en Infantil y Primaria. La directora del colegio Ramón y Cajal, Elia García Sánchez, manifiesta al respecto que es «una locura» este dato en Educación Infantil.
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Otra novedad es el anticipo en la elección de itinerarios en ESO. Las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato se agrupan  en troncales, las específicas y las de libre configuración autonómica. La Formación Profesional Básica se refuerza con dos cursos obligatorios para alumnos de entre 15 y 17 años que permitirá obtener el título de ESO y pasar a FP de grado medio.

La LOMCE comenzará a aplicarse, según el calendario de aplicación publicado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para Primaria y FP Básica este curso 2014-2015. En la ESO se implantará en el curso 2015-2016 para primero y tercero y en 2016-2017 para segundo y cuarto. La primera evaluación final será en 2017. En Bachillerato, esta reforma educativa comenzará en el curso 2015-2016 y para segundo en 2016-2017. La primera evaluación sería también en 2017. Además se suprime la selectividad, pero se mantiene para los alumnos que quieran acceder a la Universidad antes del curso 2017-2018.

<quote>Es una ley que da mucha importancia a la excelencia</quote>

Desde que salió a la luz esta nueva reforma del Gobierno popular, los estudiantes, padres y profesores han salido a la calle para protestar contra esta ley y para pedir la dimisión del ministro Wert. La última manifestación fue en octubre de este mismo año, en la que el sindicato de estudiantes convocó una huelga de 72 horas lectivas para manifestar su descontento con la actuación del PP y defender la educación pública. Los sindicatos manifiestan que esta ley fomenta la desigualdad y aumenta el gasto económico de las familias.

Elia García considera que «es una ley que da mucha importancia a la excelencia» y que «no fomenta la igualdad». La directora declara que «un alumno puede tener muy buenas capacidades pero un entorno familiar que no le favorezca, que no le beneficie, por lo que ahí debe estar la escuela para suplir esas carencias, eso es lo primero y ya después podremos hablar de la excelencia».

Un antiguo miembro activo de la Coordinadora de Estudiantes de Institutos en Cuenca, más conocida por las siglas CEIC, Fernando Garrote, afirma que «la realidad es que la LOMCE no resuelve los problemas que acarrea el sistema educativo español, simplemente maquilla los datos». La CEIC se encuentra inactiva por lo que está pendiente la creación de otro colectivo que sea referente en la movilización estudiantil, según cuenta Fernando Garrote. Además declara que «una ley que no se nutre del sentir, saber y voto de la comunidad educativa es antidemocrática».

El Ayuntamiento de Cuenca también mostró su rechazo a la ley cuando fue expuesta por el ministro Wert. El partido socialista conquense presentó una moción en la que pedían la retirada del anteproyecto de ley de educación LOMCE. Además, el grupo exigía «plantear medidas concretas, con recursos suficientes, dirigidas hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado, y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas, más creativas que aporten su formación a la construcción de un mundo más justo y mejor», según aparece en el informe de la moción presentada. Por otro lado, el PSOE consideraba esta reforma como «sexista» y que suponía «un grave retroceso en el camino hacia la escuela laica, pública y gratuita».

{{{Los recortes de Wert}}}

La crisis económica que atraviesa España ha provocado los continuos recortes del Gobierno del Partido Popular en educación, entre los que destacan la subida de tasas universitarias, la reducción de becas y ayudas a los estudiantes y la eliminación de becas para libros y recortes en las ayudas al servicio de comedor. El PP ha recortado un 25% en educación desde que empezó a gobernar.

También se ha producido una disminución en los recursos personales de los centros educativos. La directora del colegio Ramón y Cajal explica que «a consecuencia de la crisis los maestros de apoyo en infantil han desparecido, con lo cual tienes el aula de 3 años con 30 alumnos y sin maestro de apoyo, cuando hay algún caso de niños con dificultades, pues es un despropósito».

Este año, el Partido Popular ha publicado en los Presupuestos Generales del Estado el [incremento de un 4,5 % del presupuesto destinado a educación->http://economia.elpais.com/economia/2014/09/30/actualidad/1412104332_593993.html], cantidad que tiene como objetivo financiar la LOMCE, cuya implantación total costará un total de 2.164 millones de euros, según una estimación del Ministerio de Educación del pasado junio.

Por otro lado, la educación compensatoria, dirigida a garantizar la igualdad de las clases más desfavorecidas, pierde casi el 90% de sus fondos. A este recorte se une la congelación del dinero destinado a becas generales y ayudas a Erasmus, cuyo presupuesto será prácticamente igual al del año pasado. En esta ocasión, las ayudas para la compra de libros han tenido una subida mínima de 64,2 millones de euros a 64,7 millones de euros, un pequeño aumento que intentará sufragar los gastos de las familias españolas con la nueva reforma educativa.

Además el ministro de educación, José Ignacio Wert, recortará en el próximo curso 2 millones de euros en las enseñanzas universitarias. Un dato importante es la caída de la financiación de la Universidad pública en 1.500 millones de euros desde 2010.

Una estudiante de Periodismo de la Facultad de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha, Inmaculada Teruel, detalla que los recortes «hacen que no nos podamos formar totalmente» y explica que «también afectan a los profesores de forma negativa, ya que muchos de ellos se encuentran pasivos». Teruel afirma que estas medidas contribuyen a «que se siga abriendo la brecha de la desigualdad».
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La concejal de Educación y Universidad en el Ayuntamiento de Cuenca y profesora de la UCLM, Carmen Utanda, muestra su apoyo a la Universidad Pública y comenta que algunas alumnos han acudido a su despacho para pedir que no les suspenda la asignatura. Por otro lado, la concejal menciona no tener constancia de que alumnos hayan abandonado sus estudios universitarios por no poder hacer frente al pago de las tasas.

La [Constitución española->http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=27&tipo=2] establece que  «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». El Estado debe apoyar la Escuela Pública para garantizar condiciones igualitarias para todos los ciudadanos.

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